La motosierra de Milei pasó por dependencias nacionales y miles de personas se quedarán sin su trabajo. Mientras se alimenta un discurso de odio que los tilda de "ñoquis", ponemos la lupa sobre estadísticas reales.
“Ñoquis”, “vagos”, “son muchos”, “no saben nada”, “entraron por acomodo”, “son un gasto innecesario”. Esas frases circulan desde hace un tiempo. Son lugares comunes que pegan de fondo en quienes trabajan para el Estado. Pero, ¿sobre qué se sostiene esa imagen? ¿Se fundamenta en algo? En junio pasado, la ex secretaria de Gestión y Empleo Público Ana Castellani publicó un informe que trabaja con datos económicos para contrastar con esas construcciones sociales, titulado “Mito y realidad sobre el empleo público. Radiografía sobre un sector sobre el que se habla mucho y se sabe poco”.
Este martes, el presidente Javier Milei anunció que, tras haber echado ya a 50 mil empleados públicos, se dará paso a fin de mes a la no renovación de contratos que desembocará en otras 70 mil personas en la calle. Si bien el dato terminó siendo falso porque lo confirmado es que serán 15 mil despidos, la situación no deja de ser grave. Sobre todo porque se ancla en un enfoque analítico exclusivamente fiscal motivado por una operación ideológica que hace que se oculte el fruto del trabajo público y se termine estigmatizando a quienes ocupan esos puestos.
Para empezar a desandar los mitos se debe poner la lupa en la cantidad: hasta el año pasado, el empleo público se distribuía en 21% nacional, 66% provincial y 13% municipal. La mayor presencia de personal se daba en las áreas de Administración y Defensa, Enseñanza y Salud, estas dos últimas áreas feminizadas que termina dando en los resultados una mayor paridad de género en el sector público, pese a que cuando uno amplía el dato resulta que solo se circunscriben a esas tareas de cuidado y enseñanza, y la presencia femenina comienza a descender a medida que uno escala en la pirámide de puestos jerárquicos.
¿Cuánto significan en gasto? Si se mira la composición del gasto corriente primario de 2022, se observa que las jubilaciones representan el 36,2% del total, seguidas por las prestaciones sociales y PAMI (19,4%), los subsidios económicos (13,9%), y en cuarto lugar recién el personal (11%). En este dato se explica por qué el Gobierno miente cuando dice que el ajuste lo está pagando la casta: el mayor peso recae justamente sobre estos componentes. La política de despidos y la noticia de que sacarán los subsidios al gas no hacen más que profundizar el recorte ya realizado en jubilaciones y prestaciones sociales.
Ahora bien, ¿se justifican los despidos en que no están aptos para cubrir el cargo? Si se compara la población ocupada según sector, nivel educativo y calificación, se aprecia que en el sector público el 50,6% de los empleados completó sus estudios terciarios y/o universitarios, mientras que en el sector privado solo se presenta tal situación en el 17,6% de los casos.
¿No sirve para nada y es un gasto inútil y deficitario? Lo cierto es que no. El empleo público es importante porque hace a la efectividad de las políticas públicas, legitima las acciones de gobierno y facilita el acceso a los derechos. Claro que no está exento de problemas y es cierto que debe trabajarse en mejorarlo. Los principales problemas se resumen en: disparidad de carrera administrativa en los distintos niveles y jurisdicciones, desiguales niveles de transparencia en el ingreso y promoción, ausencia de programas de capacitación permanentes, disparidades salariales, ausencia de convenios colectivos, brecha de género en los altos puestos directivos, y el marco regulatorio del mismo.
Para trabajar en solucionar sus principales problemas es necesario que exista y se lleve a cabo una política consistente, coordinada y sostenida que pueda trascender a las gestiones temporales y siga permaneciendo para asegurar una mejor calidad y brindar un mejor servicio a los ciudadanos.
