El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a todos los imputados en el expediente por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis en Bariloche, acusados de haber recibido dádivas en el desempeño de sus funciones públicas.
Se cumplió un año desde que se descubrió, investigación periodística mediante, el viaje a Lago Escondido —donde se encuentra la estancia del británico Joe Lewis— que involucró a jueces, ex funcionarios y empresarios de medios imputados en una causa judicial por la acusación de haber recibido dádivas en desempeño de sus funciones públicas. En el aniversario desde que se develó el escándalo, el juez federal Sebastián Ramos decidió anular la causa y sobreseer a todos los que estaban imputados en el expediente.
De este modo, Ramos falló a favor de sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de Casación, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (del estratégico fuero en lo contencioso administrativo), así como también falló a favor del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (hijo del camarista), del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, del ex funcionario de la SIDE Leonardo Bergroth, del asesor en comunicación Tomás Reinke y de los directivos del Grupo Clarín, Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Con inusitada rapidez para que entre el fallo previo a la feria judicial que abarca todo enero, Ramos resolvió de manera llamativa anular toda la causa al sostener que “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis” y que, por el contrario, los hechos que motivaron la acusación de dádivas son, en realidad, “acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.
El objeto de esta causa, según relató Ramos en su resolución, era investigar si se les ofrendaron a los jueces —y ellos aceptaron— “determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”. Esos servicios “podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”, sostenía la acusación.
Cabe recordar que los jueces tuvieron en sus manos el caso por el que fue condenada a seis años de prisión la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, la causa que investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman, el expediente de la valija de Alejandro Antonini Wilson y el caso de espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan en el que Mauricio Macri fue sobreseído.
Sin embargo, todavía queda un paso. El fiscal del caso, Ramiro González, puede apelar la semana próxima para evitar su cierre definitivo. La causa estuvo viciada desde el principio cuando trascendieron los chats privados en Telegram y quedó expuesta la presión ejercida sobre una autoridad judicial de la Patagonia para llevar la causa a favor de los acusados. A principios de este año, incluso, a pedido de Yadarola el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py —espacio de trabajo de Ercolini— por decisión del camarista federal porteño Eduardo Farah. En esta causa se presentó como abogado defensor de Yadarola el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Ahora, el magistrado que llevaba adelante la causa declaró “la nulidad de todo lo actuado” porque “las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de la justicia”. Es decir, en ningún momento los absuelve de la culpa ni dice que son inocentes por el cargo que se les imputa, sino que los absuelve por el modo en el que fueron obtenidas las pruebas.
El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis "una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado". "Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", concluyó.
