El Gobierno denunció penalmente a jueces y a otros implicados en el viaje a Lago Escondido

Por instrucción de Alberto Fernández, el ministerio de Justicia presentó una denuncia "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas".

El Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente.

"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse".

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, "sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas", en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

  • Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal No 10.
  • Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
  • Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico No 2.
  • Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1o instancia en lo Contencioso
  • Administrativo Federal No 9.
  • Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
  • Buenos Aires.
  • Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
  • Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

  • Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
  • Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido
  • perteneciente a Joe Lewis.
  • Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría
  • de Inteligencia del Estado (SIDE).
  • Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

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