La Fundación Ambiente y Recursos Naturales publicó un comunicado en el que advirtió las consecuencias de las medidas en materia ambiental.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización argentina sin ánimo de lucro dedicada a temas de medio ambiente y sostenibilidad, se pronunció respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado el pasado miércoles por el Presidente de la Nación y advirtió que el paquete masivo de medidas «despierta una serie de preocupaciones en materia socio-ambiental y legal».
FARN explicó a través de un comunicado que las bases para la reconstrucción de la economía argentina deben fundarse siempre en la Constitución Nacional y en el principio de división de poderes, y que «el DNU avanzó sobre las facultades del Congreso de la Nación al derogar numerosas leyes eludiendo así el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y el debate fundamental que requiere toda reforma legislativa en el marco de una república democrática».
Esto se fundamenta sobre el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. La única excepción constitucional a esta prohibición opera exclusivamente para las «circunstancias excepcionales» que impidan seguir los trámites normales para la sanción de leyes. Los casos serían una situación de guerra, o una pandemia como la del COVID 19, que suponían fácticamente necesidad y urgencia.
“En este contexto, a primera vista, el DNU 70/2023 de desregulación económica resulta inconstitucional”, aseguró Cristián Fernández, coordinador de Asuntos Legales de FARN, y agregó: “constituye un exceso en los límites constitucionales fijados al Presidente”.
El Gobierno Nacional ya había aplicado una serie de medidas económicas que impactaban sobre la gestión ambiental, antes de anunciar el DNU. Estas son la devaluciacón que superó el 100%, la quita de subsidios a servicios y transporte, la reducción de planes de asistencia social, la liberación del precio de los combustibles. Pero además, la prórroga para el 2024 del presupuesto del 2024 generó el congelamiento de las partidas destinadas a varias carteras, entre ellos, el de ambiente.
Ahora bien, el DNU en sí mismo deroga los Artículos 16 al 37 de la Ley 27.424 (Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica), y desarma un Fideicomiso denominado FODIS que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser incorporadas a la red.
Además, el Artículo 177 del Decreto le da facultades a la Secretraía de Energía para modificar de manera arbitraria el esquema de subsidios a los servicios de energía que reciben los consumidores, mientras que matiene vigente el acceso a subsidios a la oferta de gas por parte de las compañías extractivas.
“Nos referimos a transferencias directas del estado a grandes empresas como la por ahora estatal YPF, Tecpetrol, CGC, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, Equinor, Shell, CAPEX o Wintershall, que en el presupuesto 2023 representan más de $150 mil millones” explicó Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. Además, remarcó que “mientras aumentan las tarifas a la población y el DNU habilita cortar el servicio a personas electrodependientes con mora de tres meses en sus pagos, las grandes empresas que extraen petróleo y gas mantienen sus subsidios”.
En cuanto al sector de la minería, el DNU deroga dos leyes vinculadas al acceso a la información sobre la actividad. “Curiosamente la ley no realiza ningún otro tipo de modificación, sosteniendo el régimen de promoción de la actividad minera de la Ley 24.196 que en exenciones impositivas se proyecta que implica que el Estado Argentino deje de recaudar durante 2024 más de $55,5 mil millones. Esto sucede de manera simultánea a la restitución del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que recae sobre trabajadores y trabajadoras”, enfatizaron en el comunicado desde FARN.
Por último, pero no menos importante, Javier Milei mencionó en la cadena nacional mediante la que anunció el DNU, que éste modificaría la Ley de Manejo del Fuego, N°26.815. Sin embargo, según indicarno desde la organización ambientalista, “el decreto no contiene alusión alguna a dicha Ley o sus modificatorias».
«Esta mención genera alarma en la medida que los incendios crecientes, vinculados a los usos de la tierra y agravados por las sequías y el calentamiento global requiere de un importante presupuesto, no solo para el combate del fuego, sino para su prevención”, agregaron al respecto.
Slipak manifestó que, en un contexto de ajuste económico, “la intervención estatal se limita a sostener regímenes de subsidios que benefician a las empresas hidrocarburíferas y exenciones impositivas a la minería. Los programas del Estado se han reducido a su mínima expresión y esta es la de beneficiar a grandes empresas”.
