El juez Ercolini dio por probadas las amenazas de bomba efectuadas por Radaelli, acusado de integrar un grupo que se hacía llamar "La mafia del Hentai". Fue embargado por 20 millones de pesos.
Un prontuario de amenazas de bomba en poco más de dos meses: la Casa Rosada, estaciones de trenes y subtes, el búnker de Unión por la Patria, Congreso de la Nación y un juez fueron foco de por parte de un joven que, finalmente, tras ser descubierto fue procesado por el juez federal Julián Ercolini con prisión preventiva y embargado por 20 millones de pesos.
Facundo Maximiliano Martínez Radaelli quedó detenido como presunto autor penalmente responsable de varios delitos: "intimidación pública" en 34 oportunidades, "entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios de transporte" (en 16 de estos episodios) y "amenaza coactiva agravada" por su carácter anónimo, según informó Télam.
La decisión de Ercolini fue comunicada a la Cámara Federal porteña, donde tramita un planteo de excarcelación aún no resuelto. Para el juez, Radaelli "fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones" con amenazas de bomba, con lo cual da por probados los hechos en su resolución.
Además, consideró como agravante que las amenazas fueron proferidas "en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional, como las realizadas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido 'Unión por la Patria'".
Los llamados sucedieron desde el 13 de agosto al 9 de noviembre último y en todos los casos se hicieron al servicio de atención de emergencias 911 desde cinco líneas telefónicas.
Todos "tuvieron por finalidad aterrorizar a la población, infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al haber dado voces de alarma y amenazado con la comisión de delitos de peligro común; en concreto, al dar aviso de la colocación de artefactos explosivos en distintos lugares", concluyó el fallo de Ercolini.
Radelli es hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense y fue detenido el 9 de este mes, acusado de integrar un grupo que se hacía llamar "La mafia del Hentai", en alusión a un animé japonés XXX, al que se le atribuían las recientes amenazas de bomba.
El joven fue atrapado por efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en su casa de la localidad bonaerense de Llavallol.
La pesquisa se inició el día de las elecciones del pasado 22 de octubre, cuando en la línea de emergencias 911 se recibieron amenazas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
"Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C", se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911, donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado "hace 15 minutos y tardaría media hora" en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria atendida también por un operador del 911, una persona que identificó como "Rodrigo Teniente", manifestó: "Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos".
Tras esas y otras intimidaciones, se inició una causa en la que trabajaron efectivos de Delitos Constitucionales la PFA, que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Los expertos en comunicaciones de la PFA determinaron que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común que pertenecían a la empresa Telecentro -que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet- compradas en el mercado negro de la "Deep Web" y que estaban a nombre de terceros.
Para realizar las llamadas, el acusado utilizaba redes wifi públicas con el objeto de evitar ser rastreado. No obstante, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron.
