La gestión Larreta-Acuña complica el camino a quienes tienen más de 22 años, cuentan con alguna discapacidad y quieren estudiar.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en CABA tomó una decisión que empezó a regir en 2021: las personas con discapacidades con más de 22 años ya no podrían anotarse en escuelas integradoras. Eso fue un golpe porque, hasta ese momento, se podía hacer hasta los 30 años. Pero además de eso hay más complicaciones para quienes eligen el camino de la formación.
La Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña denuncia que, además de no poder sumarse, ahora cuando cumplen esa edad las personas que están estudiando son expulsadas y enviadas a centros de formación profesional con público general, donde no hay profesionales que puedan atender correctamente sus necesidades.
Por ello, las autoridades de los establecimientos recomiendan a los padres acompañar a los estudiantes una o dos veces por semana ante la ausencia de la continuidad pedagógica y de la contención social que necesitan.
Desde la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña, el legislador Juan Valdés comentó a Télam que a los jóvenes expulsados de la escuela de formación integral en el año 2021 se suman así los de los años 2022 y 2023, "generándoles un daño terrible". Y contó que desde el 2021 le reclaman "a la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que venga al recinto a dar explicaciones e implemente lugares y especialistas acordes a estas necesidades".
Valdés comentó, también, que han presentado proyectos de ley "pidiendo que se retrotraiga esta medida hasta que se pueda inaugurar la cantidad suficiente de centros de inclusión laboral para los chicos y chicas de la educación especial".
Hay familias que han judicializado esta situación pero aún no han tenido respuesta. Tal es el caso de Eliana Villar, mamá de Ignacio, que explicó, también a esa agencia de noticias que "el daño pasa porque para ellos la continuidad educativa no solo es una cuestión pedagógica sino también de integración social acorde a sus necesidades ya que no existen otros espacios que el Estado disponga con el mismo fin".
"¿Qué puede hacer mi hijo ahí si no le adaptan las consignas? La inclusión social es una falacia de la que se agarran las autoridades porteñas para echarlos del sistema. ¿Qué padre o madre no desea que su hijo se integre?", lamentó Eliana.
Desde el sector gremial, el secretario de Educación Especial de UTE-Ctera, Jorge Godoy, dijo a Télam que los talleres a los que el Gobierno porteño envía a los jóvenes con discapacidad "no tienen acreditación, no generan nexo entre el mundo del trabajo y la persona, y son insuficientes".
A esto se suma que se "corta la continuidad educativa ya que, de cinco días a la semana que asistían a la escuela especial, los cursos se dictan una o dos veces por semana". "Pese a que la ley nacional de educación establece que los que llegan a ese segmento etario y tienen esas características deben formar parte de talleres de formación laboral, la Ciudad de Buenos Aires no arbitra los medios para que eso suceda -algo que deberían hacer también en virtud de lo que figura en la ley- y se limita a enviarlos a centros de día privados sin la estructura pedagógica que necesitan", añadió.
