Por un lado, denunciaron extorsiones por parte de dirigentes sociales (lo que derivó en una decena de allanamientos) y, por el otro, sostienen que el 50% de los lugares inscriptos no existen.
Los comedores sociales están en el foco del Gobierno nacional, pero no por su demanda ante la falta de envío de alimentos desde diciembre, sino por dos denuncias realizadas por el Ejecutivo. Por un lado, está la realizada por el Ministerio de Seguridad a partir de supuestas llamadas al 134 en las que se denunciaban maniobras extorsivas por parte de dirigentes sociales, lo que derivó en una decena de allanamientos. Por el otro, la denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano que afirma que el 50% de los comedores inscriptos en el Plan Nacional Argentina contra el Hambre no existen o tienen irregularidades.
Como la denuncia está siendo investigada bajo secreto de sumario, solo se sabe sobre la primera a través de los dichos de la ministra Patricia Bullrich, quien ayer realizó un video comunicando que hay 28 imputados pertenecientes al Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, por delitos graves como extorsión. Por eso, allanaron comedores de movimientos sociales y casas de referentes. Las organizaciones denunciaron que los operativos fueron “exageradamente violentos”, que algunos se hicieron en la madrugada y que en otros se llevaron cosas que no debían.
Mientras avanzan con la causa, se filtraron a los medios una serie de mensajes de WhatsApp de mujeres que pedían alimentos a encargadas de locales de las organizaciones, que les habrían sido negados por no asistir a marchas. También se denunció que los alimentos enviados por el Estado eran vendidos o que se los coaccionaba con dinero o bajo amenaza de quita del plan social por no asistir a las movilizaciones.
La gestión libertaria sostiene que los dirigentes son “mafiosos que hacen dinero con la pobreza”, pero, en el medio, hay gente cuyo plato de comida depende de la labor que llevan adelante los comedores. Margarita Barrientos, fundadora del comedor social “Los Piletones”, denunció que no recibe alimentos desde diciembre, sino solo un “pequeño subsidio” que igual no le alcanza para comprar todos los productos que en verdad debería usar, y que incluso hay otros comedores a los que ni siquiera el Estado cubre con eso.
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, declaró que no tiene dudas sobre lo “honestos y sacrificados” que son sus compañeros que “cada día tratan de construir un país más justo”. Como otros dirigentes, Gramajo inscribió los allanamientos en una operación mediática que con el tiempo se mostrará insustancial: "Esto se inscribe en una política del gobierno para atacar a todos aquellos que hagan visible que no vino a terminar con la casta, sino a empobrecer al 80% de la población".
Respecto a las extorsiones, la fiscalía identificó tres tipos: los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros. Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.
Ese supuesto esquema tiene diferentes implicancias según el nivel de los beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan y los “beneficiarios comunes” debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación. Los “delegados” recibían doble o triple ayuda, mientras que los “referentes” eran responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.
La denuncia de Capital Humano
La cartera conducida por Sandra Pettovello presentó una nueva denuncia penal tras detectar irregularidades en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, un programa creado durante la pandemia cuyo objetivo era garantizar el acceso a los alimentos a los merenderos y comedores comunitarios. Según consta en el documento, la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor “Gauchito Gil”, estaba registrado en la dirección de un barrio privado.
La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.
Al asumir su cargo, Pettovello ordenó auditar a los inscriptos porque consideraba que existió una falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios. La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas.
