En uno de los fallos más relevantes en materia de cuidado del ambiente y la protección de los derechos de pueblos originarios, se ordenó paralizar un importante emprendimiento que extraía litio.
La Corte de Justicia catamarqueña le puso un freno de mano a la minería de litio y sentó un precedente importantísimo para la región. El 13 de marzo pasado ordenó paralizar mediante un fallo la aprobación de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, departamento de Antofagasta de la Sierra. Pero su característica más sobresaliente y lo que lo vuelve relevante en materia de cuidado del medioambiente y protección de los derechos de pueblos originarios es que se estableció que todo proyecto debe cumplir de ahora en más con la consulta previa, libre e informada a las comunidades aledañas.
De este modo, el máximo tribunal provincial dio lugar al amparo judicial presentado por Román Guitián, Cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. Como resultado de la decisión judicial, se ordenó a los Ministerios de Minería y al de Agua, Energía y Medio Ambiente “abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades” en la zona hasta tanto se cumpla con la realización de un informe de impacto ambiental con dos características fundamentales.
¿Cuáles son esas características principales que debe tener? La primera es que sea “acumulativo e integral”, sobre todo en el salar y particularmente sobre el río Los Patos, ubicado allí mismo. La segunda es que contemple la afectación total de las empresas que han solicitado autorización para el uso y extracción de agua, y su potencialidad de transformar el medio ambiente en una misma área geográfica.
¿Por qué lo piden? Porque el foco en la consecuencias es esencial. La actividad minera en la zona, sobre todo de este mineral, comenzó en Antofagasta de la Sierra en 1997 con la multinacional FMC, actualmente operando como Livent. Las comunidades locales denunciaron que, como consecuencia de la actividad extractiva, se secó el río y la vega Trapiche. El fallo resulta paradigmático para la región porque el mismo modelo de megaminería de litio contra el que apunta la sentencia del máximo tribunal de Catamarca se reproduce en la región puneña de Chile y Bolivia.
“Lo sucedido en Catamarca marca un hito histórico para la protección del agua, el territorio y la vida en América Latina. La decisión del tribunal confirma que el concepto de impactos acumulativos de una actividad extractiva es totalmente válido y una arista trascendental de la gestión ambiental. Además, deja claro que cualquier daño al ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal debe ser considerado un daño significativo”, afirmó Claudia Velarde, co-coordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Pero no todo es color de rosas cuando lo que se amenaza son grandes negociados económicos. Ramón Balcázar, director ejecutivo Fundación Tantí y co-coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL, contó que su compañero Román Guitián fue amenazado de muerte tras conocerse el fallo. “En ese sentido”, concluyó, “debemos rechazar categóricamente cualquier forma de violencia sobre los defensores de los salares andinos, así como al provecho político que instituciones vinculadas al greenwashing minero han intentado sacar de una situación tan compleja”.
