El informe estadístico, que incluyó por primera vez datos LGBTQ+, fue presentado hoy por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Casi 700 mil personas realizaron consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por situaciones de violencia de género desde el 2013 al 31 de diciembre de 2022, según el primer informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) presentado este lunes por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el Centro Cultural Kirchner.
La presentación se realizó ante autoridades nacionales y provinciales, organismos internacionales, investigadores y la sociedad civil y, por primera vez, se expuso la información no sólo sobre mujeres sino de personas de la comunidad LGTBQ+ que recibieron asistencia por violencia de género. Además, el informe recopila los datos de intervención del Estado frente a la solicitud de asistencia y protección.
“Los datos y estadísticas sobre casi 700 mil registros de personas asistidas y consultas realizadas por violencias de género en todo el país permiten tomar decisiones basadas en evidencia y, así, mejorar la respuesta y la coordinación entre organismos a nivel nacional”, comunicaron desde la cuenta de Twitter del Ministerio.
De las 669.339 personas que figuran en el registro del SICVG, el 73,1% corresponde a personas asistidas y el 26,9% a consultas. La mayor parte son de la provincia de Buenos Aires (34,2%), Caba (7,3%) y Córdoba (5,4%).
El 97,1% de las asistencias recopiladas son por violencia doméstica, el 1,3% por violencia laboral y el 1,2% por violencia institucional. Un 0,3% corresponde a registros de violencia vinculadas a grupos delictivos, mientras que 0,1% corresponde a otras modalidades: violencia contra la libertad reproductiva (190 casos), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8 registros).
Como novedad, el SICVG incorpora variables y categorías que permiten sistematizar información sobre personas LGBTQ+ en situación de violencia de género. Hubo 18.808 registros de asistencias: 54,4% tiene entre 19 y 29 años. La mitad con secundario incompleto o menos nivel educativo y el 2,9% está en situación de trata de personas.
El Sistema, además, identificó víctimas que están embarazadas, conviven con una discapacidad, son afrodescendientes, migrantes, refugiadas, pertenecientes a pueblos originarios, privadas de libertad o en conflicto con la ley penal. También lugares donde viven las víctimas, determinando tipo y condiciones de vivienda, situación de calle o residencia en una institución.
Como dato de las agresiones el informe arroja que el 95,8% de las personas agresoras son varones: 87,8% son la pareja o ex pareja de la víctima, y el 23,2% tienen acceso a armas de fuego. Entre los agresores, el 1,4% tiene menos de 18 años, 37,6% entre 19 y 29, el 42,1% entre 30 y 44, el 15,4% entre 45 y 59 años y el 3,5% 60 años y más.
Además, entre las mujeres víctimas de violencia, el 37,2% tiene a cargo menores entre 6 y 14 años, el 10,6% de hasta 5 años, el 9.1% tiene a cargo adolescentes de entre 15 y 18 años, el 10,7% cuida personas mayores, el 2,2% cuida personas con discapacidad. Sólo el 10,7% no tiene personas a cargo.
El 21,1% vive en situación precaria (casilla, rancho, móvil). El 72,6% en casa o departamento. En pieza en inquilinato, pensión u hotel vive el 5,4%, en situación de calle el 0,5%, en institución (hogar, casa de día, dispositivo de salud mental, hospital, institución de encierro) el 0,4%.
Por las particularidades del Programa Acompañar, destinado a personas en situación de riesgo por violencias por motivos de género, que incluye además contextos de vulnerabilidad económica, la distribución de tipo de violencia sufridos es más alta que el total de registros. Particularmente, en relación con violencia económica, ésta fue experimentada por el 58,0% y es 18 puntos porcentuales mayor al total de la base de datos.
Tanto la violencia física como la sexual están casi 13 puntos porcentuales por sobre el total de registros nativos.
El 76,1% de las personas asistidas y registradas directamente en el SICVG tienen un nivel alto y altísimo de riesgo. El 65,3% experimentó tres o más tipos de violencia. Los indicadores de riesgo son: estrangulamiento (38,5%), amenazas de muerte (36,3%), privación ilegítima de la libertad como encierro y secuestro (22,3%), Lesiones con armas corto-punzantes (12,1%), quemaduras/arrojo de líquidos inflamables (4,4%), lesiones con armas de fuego (2,8%).
El SICVG permite el registro de las distintas instituciones que intervinieron en las situaciones de violencia registradas, antes o a partir de la asistencia brindada por el organismo que carga el caso. Hubo intervención policial en el 49,5% de las situaciones. intervención de dispositivos de protección integral (5,2%) intervención de servicios de justicia (47,3%) e intervención de centros de salud (24,6%).
Sobre el SICVG y su implementación
El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) es la herramienta desarrollada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) para sistematizar y gestionar la información sobre situaciones de violencia de género en todo el país. Funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de personas asistidas y consultas que se identifican por tipo y número de documento de la persona en situación de violencia.
La creación y puesta en funcionamiento del SICVG da cumplimiento a una de las acciones comprometidas por el Estado en el Eje de Gestión de la Información, Transparencia y Monitoreo del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024.
El SICVG tiene un doble propósito: sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento. Ambos objetivos contribuyen a la elaboración de políticas públicas con sustento empírico a nivel nacional y federal.
A partir de su diseño, este sistema permite conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona en situación de violencia. De esta manera, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas.
