Organizaciones como Amnistía se pronunciaron sobre las detenciones e incluso muertes que se registraron durante las protestas contra Maduro.
Desde el domingo 28 de julio a esta parte se ha desencadenado un espiral de violencia en Venezuela ante las protestas de los ciudadanos por lo que califican fue un fraude electoral que le otorgó el tercer mandato a Nicolás Maduro, quien ordenó a las fuerzas de seguridad reprimir y detener a quienes se manifiestan como opositores, además de que se han producido más de una decena de asesinatos. Ante lo que definen como el uso desproporcionado de la fuerza, organizaciones internacionales firmaron un documento conjunto en el que exigen “respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, sostienen. Además, se hacen eco de la posición del Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada (veedora) y acreditada por el propio Consejo Nacional Electoral bolivariano, que declaró que «la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática«.
También cuestionaron la radicalización discursiva del oficialismo, aduciendo que “las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercer su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil”.
Asimismo, denuncian que las organizaciones nacionales han registrado en menos de una semana al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. “Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones”, remarcan.
“Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, demandan. También ponen en relevancia que se han cometido “múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet”. Esto último, denuncian, “afecta la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia y el pluralismo”, algo que puede ser utilizado como “una forma de represión y control dentro del espacio digital”.
Fueron detenidas ya más de 749 personas señaladas por “actos violentos” y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Además, se les impondrá pena privativa de libertad
Concluye la misiva convocando a que los mecanismos de justicia internacional se mantengan en alerta ante “posibles graves violaciones de derechos humanos” y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional.
Las firmantes son Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.
