La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de le Economía Popular reafirmó su permanencia en estado de «alerta y movilización» y se tensa la relación con el gobierno nacional.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de le Economía Popular reafirmó su permanencia en estado de «alerta y movilización» ante la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de solicitar a la Justicia que «levante el secreto fiscal» para que la AFIP le aporte de forma «nominal» los datos de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habrían cobrado de manera irregular por tener alguna «incompatibilidad».
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que sostiene la medida «frente la persecución del estado con diferentes amenazas y medidas arbitrarias en detrimento del fortalecimiento de nuestro sector».
«Pareciera que en tiempos de crisis el problema son los y las trabajadoras excluidas, y no paran de incentivar un ajuste con operaciones mediáticas, judiciales, auditorías arbitrarias, cruces de información miserables que buscan simplemente estigmatizar y perseguir a las familias que menos tienen», señala el texto.
La UTEP declaró que no va a permitir la «estrategia» de «ser fuertes con los débiles», «contarle las costillas a los de abajo» y «no ser firme con los que más tienen, con los que se la fugaron en el macrismo».
Además, frente al acuerdo del aumento del 20% del SMVM en cuatro tramos que se definió el pasado martes, la UTEP exigió que se respete a la relación entre el Salario Social Complementario y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Según la Ley de Emergencia Social del 2016 el primero debe significar un ingreso del 50% del segundo.
La entidad que nuclea al Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC y el Frente Popular Darío Santillán afirmó que «los Movimientos Populares no tienen nada que ocultar y poco que perder», y advierten que «conquistado en la calle lo vamos a defender de la misma manera, donde parece que es la única forma que nos ven».
Además, la UTEP cuestionó la decisión de la ministra de Desarrollo Social de cruzar datos con ANSES para constatar la incumbencia del beneficio para los 253.184 implicados y resaltó la tarea que desarrollan los trabajadores de la economía popular en los barrios.
«Sería interesante que visiten nuestras cooperativas, nuestro trabajo sociocomunitario en los barrios populares, en el reciclado, en los polos textiles, en la agricultura familiar, en la integración urbana y en cada una de nuestras ramas productivas, en vez de que seamos un númerito en las planillas que buscan reducir», sugiere el texto.
«No somos un gasto, somos trabajadores y trabajadoras que inventamos el trabajo para alimentar a nuestras familias, no somos el problema, somos parte de la solución, el día que lo entiendan podremos empezar a transformar la realidad para el lado de la justicia social, mientras tanto seguiremos luchando por nuestros derechos», advierten en el cierre del comunicado.
