La lucha de Madres para defender su universidad

Es una de las instituciones que se ven perjudicadas por las políticas de Milei y por eso lanzaron una campaña que plantea lo “ilegal” de la retención del presupuesto.

La tensión de las relaciones entre el Gobierno nacional y las universidades continúa. La resolución de los conflictos únicamente con la UBA puso sobre la mesa no solo el carácter centralista de la decisión, además de sus motivaciones políticas, sino también la individualización del proceso de discusión presupuestaria en la que las casas de estudio más chicas quedan en desventaja. Una de ellas es la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, que denuncia la retención “ilegal” del presupuesto destinado a ella desde hace cinco meses. 

Motivado por la situación crítica, según denuncia la rectora de la UNMa, Cristina Caamaño, comenzó un proceso de junta de firmas para defender a la institución del vaciamiento y demandar la atención del Gobierno nacional.  “La situación actual de la UNMa es crítica. A nosotros no nos han mandado absolutamente nada, nuestra cuenta en el banco está en cero”, dijo a Somos Télam Caamaño, quien también es exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de un desfinanciamiento generalizado a todas las universidades públicas argentinas, excepto la UBA, cuyo presupuesto para gastos de funcionamiento fue actualizado la semana pasada. 

Para exponer dicho carácter crítico, a rectora explicó que “hace cinco meses que no se pagan sueldos, no hay investigación, no hay extensión universitaria, no hay seguros para docentes, estudiantes y trabajadores, no podemos emitir los títulos de quienes se recibieron el año pasado, nos cortaron internet porque no lo podemos pagar”.

“Si bien se replicó el presupuesto de 2023 para 2024 -congelado- ese presupuesto está en el Ministerio de Justicia, pero como ahora somos universidad Justicia le tiene que pedir autorización al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación y ellos no dan el ok. O sea que además hay una ilegalidad por parte del Ejecutivo porque la retención es ilegal”, explicó la autoridad de la UNMa.

Además, la situación es crítica porque “el hostigamiento por parte del Ejecutivo Nacional y la discriminación por ser la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo”, advirtió Caamaño. Respecto a esto, en el formulario de junta de firmas puntualizaron que “en sintonía con las políticas negacionistas reivindicadas por el gobierno, el Poder Ejecutivo decidió cortar totalmente desde el mes de enero los fondos destinados a financiar el normal funcionamiento de la universidad, dedicada por ley del Congreso Nacional a la enseñanza y la promoción de los derechos humanos, sociales, económicos, ambientales y culturales con una perspectiva de género y de inclusión social”.

En cuanto a la falta de respuesta del Gobierno, subrayó: “Hemos mandado ya cuatro notas al secretario Carlos Torrendell solicitando una entrevista para explicarle la situación de la universidad y llevarle toda la documentación que él precise y todavía no respondió ninguna de las cuatro. Mandamos una por mes”.

En la UNMa cursan 2245 estudiantes y dictan clases 240 docentes. Además el personal no docente está conformado por otras 60 personas. Es la única universidad de Latinoamérica reconocida por su orientación en materia de Derechos Humanos. Allí se dictan las carreras Abogacía, Historia (licenciatura y profesorado), Trabajo Social, Ciencias Políticas (que comenzó este año y tiene 220 estudiantes) y Comunicación Social.

La grave situación en la que se encuentra la universidad provocó que las clases se trasladaran al espacio virtual al no poder garantizar las condiciones necesarias para la presencialidad. Por eso, y para continuar el plan de lucha, se sumarán al paro nacional universitario el 23 de mayo y a una marcha de antorchas el 22. 

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_{Fuente: Somos Télam}