Una niña abusada por su padre solicitó un aborto y fue puesta bajo protección del Estado

El fin de semana debía presentarse con su madre para llevar adelante la intervención, pero fue captada por un grupo provida en Santa Fe. Transita el segundo trimestre de un embarazo como consecuencia de ser abusada por su padre.

La casa de la asociación Grávida en Santa Fe. Foto: Archivo Télam.

Fue puesta bajo protección del Estado una niña de 12 años que había expresado a las autoridades sanitarias su voluntad de interrumpir un embarazo provocado por los abusos de su padre, luego de que una asociación “provida” de Santa Fe la captara para impedir la realización del aborto. 

La niña comprobó que estaba embarazada el 19 de diciembre en un control médico. Junto a su madre, manifestaron su voluntad de interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento. 

Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para la ejecución del aborto el lunes pasado, pero la niña nunca se presentó porque durante el fin de semana la Asociación Civil Grávida -que se define como un “servicio de Acompañamiento para el Fortalecimiento dela Maternidad Vulnerable”- se puso en contacto con ella y la llevó a una casa en Santa Fe. 

La Justicia de la provincia puso en marcha una búsqueda debido a la extraña ausencia y falta de comunicación por parte de las mujeres y la fuerza pública las rescató de la casa para llevarla a un hospital de la ciudad de Santa Fe, donde la niña se encuentra internada. 

María Ángeles Guerrero, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Santa Fe, dijo a radio Brigadier López que Grávida "no es una ONG de a pie", sino que "es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico", que "se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones".

Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, informó que las autoridades aguardarán a que la niña "se tranquilice" para tomar una decisión respecto a su embarazo. Voceros del Ministerio de Salud indicaron que transita el segundo trimestre de gestación y aún está a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, aseguró vía Twitter que la intervención estatal fue de carácter interministerial debido a la “gravedad, vulnerabilidad y complejidad” del caso y que “desde el Gobierno de la provincia se buscó siempre respetar la voluntad tanto de la niña como de su madre y la plena protección y ejercicio de sus derechos”. 

El rescate de la niña fue obra conjunta del ministerio de Salud de Santa Fe, la secretaría de niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y el ministerio de Igualdad Género y Diversidad comandado por Marinaro. 

Marinaro explicó que "se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho" y que "la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas.

Además, la ministra afirmó que la situación “expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad”. 

“Como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre”, concluyó la funcionaria. 

La imputación contra el padre de la niña

Paralelamente al episodio con la ONG “provida”, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, cuyas iniciales son G.M.A., por el delito de abuso sexual agravado. 

El hombre de 42 años fue capturado en la ciudad de Recreo, a 17 kilómetros de la capital de Santa Fe y el jueves al mediodía se realizó una audiencia en Tribunales. 

La fiscal informó que existe una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, radicada por su ahora expareja el junio pasado en la localidad de San Jorge. 

“Eso está radicado en la Fiscalía de San Jorge”, aclaró Del Río Ayala. “Desde la Fiscalía Regional me pidieron que intervenga y por eso lo tomé”, explicó. 

Héctor Spada, jefe comunal de Garibaldi, pueblo donde vive la niña, dijo que en esa localidad “se sabía que había violencia por parte del padre hacia la madre y hacia los chicos”. 

“Era golpeador y cuando se alcoholizaba le pegaba a la esposa y a la familia”, dijo el funcionario en diálogo con Aire de Santa Fe. Spada contó que la madre se fue de la casa donde vivía la familia y un mes después acompañó a su hija a un centro de salud local. 

“El caso lo atendió el Samco y a ella la vio la asistente social de la comuna. Cuando decidió interrumpir el embarazo pusimos a disposición un remís que la iba a trasladar el lunes a la ciudad de Santa Fe para asistir al hospital Iturraspe”, señaló el jefe comunal. 

Exigen que se accione contra la asociación Grávida

Desde la Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron el accionar de la “organización fundamentalista Grávida, que quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo” y exigieron que los organismos estatales investiguen si la ONG violó el artículo 47 de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10, el cual refiere a no limitar los derechos de los niños, para determinar qué medidas corresponde implementar. 

Patricia Chialvo aseguró que "se está evaluando" si el Estado accionará contra la asociación Grávida, porque la prioridad del operativo interministerial era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.

“A partir de estos hechos reclamamos que se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes” escribieron en la cuenta oficial de Twitter de la organización. 

La Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue fundada en el año 2005. Desde entonces, la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se fortaleció de manera impactante en la Argentina, hasta lograr la sanción de la ley 27.610, el 30 de diciembre del 2020.  

Dos años después de esa conquista social, persisten ciertos obstáculos para la efectiva implementación de la ley y el libre ejercicio del derecho que ésta respalda. 

En este sentido, el caso de la niña de Santa Fe se suma al de las socorristas cordobesas que fueron detenidas por orden del Ministerio Público Fiscal de Córdoba el pasado diciembre.

“En Argentina el derecho al aborto es ley y deben protegerse los derechos sexuales y de las infancias. Insistimos en la plena implementación de la educación sexual integral y en la prevención de los abusos sexuales en la infancia. También llamamos a la reflexión sobre la  necesidad de la perspectiva de género al momento de informar sobre hechos de estas características, que exponen la integridad y la intimidad de una niña”, sostuvieron desde la Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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