Mientras el Gobierno insiste en provocaciones al colectivo feminista, la realidad muestra la profundización de la brecha salarial y de la violencia de género. ¿Cómo nos encuentra este 8M?
“Hay que ir”, es uno de los lemas de la convocatoria a movilizar por el Día Internacional de la Mujer Trabajadores este año. ¿Por qué? Porque se da en un contexto de particular ensañamiento por parte del Gobierno nacional contra el colectivo feminista, no solo bajo lo que ellos definen como “la lucha cultural”, que consiste en desenvolver una batalla simbólica para dejar en claro que harán todo lo posible para retrotraer las transformaciones que se produjeron con la nueva irrupción del movimiento en nuestro país a partir del 2015, sino que también por la profundización de la violencia de género, principalmente económica ejercida por la propia administración.
Por estos motivos, habrá actividades y movilizaciones en los principales puntos neurálgicos de todo el país. En CABA, como se acostumbra desde hace años, la concentración será a partir de las 16 en la Plaza Congreso, con la novedad en este marco de ser la primera marcha de mujeres y diversidades expuesta al protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich. A las 19 se espera que se haga la lectura del documento resultado de las asambleas en el escenario central.
Las mujeres y diversidades continúan siendo las principales protagonistas dentro del sector de mayores damnificados por el ajuste. Son quienes tienen los trabajos más precarizados y en peores condiciones laborales, además de ser quienes menor sueldo perciben y más empobrecidas están. Según los últimos datos del Indec, las mujeres ganan un 28,1% menos que los varones, componen en casi un 64% los sectores de menores ingresos, representan el 7,8% de la tasa de desocupación (cuando para los varones es del 6,1%) y están más expuestas a la informalidad y, por consiguiente, a la vulneración de sus derechos laborales.
Al tener los peores salarios y ser quienes se hacen cargo, en la mayoría de los casos por la división sexual del trabajo, de la manutención de sus hijos, las mujeres son también quienes mayor deuda contraen para pagar alimentos y elementos que satisfagan las necesidades básicas de sus chicos, lo que se agrava aún más en un contexto en el que el Estado se retiró de su rol de garante y protector, se produce un fenomenal ajuste que devalúa los salarios reales y con una inflación de dos dígitos.
En su primer 8M al frente, el Gobierno libertario decidió continuar con su línea de provocaciones hacia el colectivo que construyó como enemigo desde que emergió el partido que encabeza el presidente Javier Milei: el colectivo feminista y LGBTIQ+. Por ese motivo, decidió comenzar el día comunicando que, por decisión de Karina Milei ―la secretaria general de la presidencia―, se modificará el nombre del “Salón de las Mujeres” de Casa Rosada para reemplazarlo por “Salón de la Próceres”. Aún más, se quitarán los cuadros de las mujeres emblemáticas que estaban colgados en el lugar, todavía sin un destino definido hacia dónde irán a parar.
Durante el 2023, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia atendió a 13.460 mujeres: 5400 denunciaron a sus parejas o ex parejas, 3 de cada 10 estaban en situación de grave riesgo, 1524 tenían lesiones, 496 presentaban alguna discapacidad y 77 de ellas fueron víctimas de violencia digital. Solo en CABA, se gestionó la entrega de 900 botones antipánico. En los primeros dos meses del 2024, según contabilizó el Observatorio Lucía Pérez, ya se cometieron 62 femicidios y travesticidios en todo el país. En febrero, 29: uno por día.
¿Cómo se prepara para abordar la problemática la nueva administración nacional? Precisamente, no lo hace. En lo que va del 2024, el gasto en políticas públicas para reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que en el mismo período del año pasado. El Ministerio de Capital Humano aún no dio definiciones sobre un plan de acción o desarrollo de políticas en esa dirección. Incluso no ha informado si se continuará con el Programa Acompañar, que entre 2020 y 2023 permitió a 320 mil mujeres y personas LGTB+ en situación de vulnerabilidad poder acceder a un apoyo económico.