Superado ya el capítulo de discusiones por la Ley Bases, Diputados avanza con otros proyectos y uno de ellos impactaría directamente en la clase trabajadora.
La Cámara de Diputados podría avanzar con la propuesta de reducir la jornada laboral. Para ello deberían modificar la ley 11.524, vigente desde 1929. Se trata de un debate planteado varias veces por sectores de la izquierda, el peronismo y radicalismo.
Una vez aprobada ya la Ley Bases, la Cámara baja retoma su agenda y por eso la comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Martín Tetaz, citó para este martes a una reunión de la cual participarán especialistas que analizarán los distintos proyectos presentados por Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino.
En la última reunión, que se llevó adelante el 6 de junio pasado, contrastaron sus miradas abogados laboralistas, empresarios y representantes de organizaciones sindicales. Es algo relevante porque la normativa vigente desde hace casi un siglo establece jornadas laborales de un máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día. Y todo ello termina regulando no sólo el ámbito laboral sino que también condiciona a la cantidad de horas libres que tienen las personas, los vínculos y logísticas familiares. La que hoy tiene nuestro país es una de las cargas horarias más exigentes de Latinoamérica y el mundo.
En muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos multidimensionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el mercado formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del rendimiento y la productividad.
Esta es la tercera vez que el Congreso aborda la propuesta de reducir la jornada laboral ya que en 2015 tuvo dictamen, pero nunca se trató en el recinto de Diputados, y el año pasado se devolvió a debatir estas iniciativas en diferentes reuniones informativas donde participaron autoridades nacionales, provinciales, organizaciones sindicales y empresarias.
Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.
Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.
A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Del mismo modo, será analizado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario.
Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el economista radial ya había sido tratada por esta comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.
Así las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de entre tres y seis meses.
Mientras que el proyecto del mendocino impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.
Fuente: NA.
