El Ministerio de Seguridad se transformó en querellante en la causa contra decenas de personas detenidas arbitrariamente a quienes acusa de “terrorismo” y “sedición”.
Adentro de nuestras casas o adentro de una celda: desde el oficialismo amenazan meter en prisión a quienes realizan manifestaciones. Tras la represión del miércoles mientras se discutía la Ley Bases en el Senado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió prisión preventiva para personas detenidas arbitrariamente, a quienes acusa de "sedición" y "terrorismo". En simultáneo, la Legislatura porteña votó una norma que complica a quienes marchan en CABA y le da fundamento legal al pedido de la funcionaria.
El operativo de seguridad del 12 de junio se transformó en un verdadero escándalo por lo ilegal de sus formas y la crueldad de su avance que a diestra y siniestra se montó sobre una tiradera de gas lacrimógeno constante contra cualquiera que se cruzara en el camino. En esa “caza” que denuncian quienes asistieron, resultaron detenidas decenas de personas.
Entre ellos, tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, dos estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el músico Santiago Aldano —ex Julio y Agosto—, una familia que vendía empanadas en la calle, civiles que protestaban pacíficamente en las inmediaciones del Congreso, entre otros, quienes aún se encuentran detenidos y siendo trasladados a Comodoro Py a pedido del fiscal Carlos Stornelli de que pasen de la órbita de la Justicia porteña al fuero federal. Muchos de los familiares denuncian que no les dan información sobre sus allegados.
La ministra Bullrich dijo que “pagarán uno por uno” y que “la causa no será leve”. El Ministerio de Seguridad de la Nación se transformó en querellante en la causa contra los detenidos, a quienes denuncia por sedición y terrorismo. Les adjudica haber intentado hacer “un golpe de Estado moderno”. A esa campaña se subió el fiscal federal Stornelli, quien pidió para todos prisión preventiva.
Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga. pic.twitter.com/ceirZs6dSw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 12, 2024
Los acusa de: “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer (otros) delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”, entre otros. Todo “con el posible agravante” de ser considerados actos terroristas (artículo 41 quinquies del Código Penal). La pena que implica la carátula de sedición es de uno a cuatro años de prisión, pero si se agrega el agravante del terrorismo, las penas mínimas y máximas se duplican.
¿Los fundamentos? El comunicado de la Oficina del Presidente —que ni siquiera existe en el organigrama estatal— y extractos de los diarios Clarín y La Nación donde se asegura sin probarlo que al automóvil de Cadena 3 lo incendiaron “piqueteros” y “militancia de izquierda”.
La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación…
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024
A la par, la Legislatura porteña aprobó ayer la Ley de Reiterancia propuesta por Jorge Macri, que establece que quienes reinciden en cometer un delito esperen cualquier decisión judicial en prisión preventiva. Así, esta norma le da sustento legal al pedido de Stornelli de que los acusados por él, sin ninguna prueba vinculante, continúen en prisión preventiva.
