Bullrich sacó un protocolo «para el mantenimientos del orden público» que tiene varios pasajes cuestionables. Organizaciones sociales salieron a repudiarlo.
La primera semana de Gobierno encuentra a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en plena profundización de su lema prometido y predilecto, «el que las hace, las paga”. La funcionaria presentó ayer “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante hechos como piquetes o bloqueos en señal de protesta. El texto presentado por la titular de la cartera tiene varios pasajes muy cuestionados y duros, por lo que derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que catalogaron el protocolo como “inconstitucional”.
La actual administración sabe que las medidas de ajuste y de shock, que auguran subirá los niveles de inflación y pobreza en los primeros meses, no son gratuitas. Ante el temor por la posible conflictividad social que se desate, la ministra lanzó en su cuarto día de gestión un protocolo para impedir que emerja con fuerza.
¿Qué dicen las medidas? En primer lugar, anunció que las cuatro fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— y el Servicio Penitenciario Federal podrán intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.
«Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», agregó. ¿Qué dice ese artículo? Establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
La ministra afirmó que de ninguna manera se tomará en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación: “Si se corta la vía principal, se libera la vía principal”. Además, prometió que serán identificados los autores, cómplices o instigadores de “este tipo de delitos”, así como también los vehículos utilizados, que tendrán una infracción administrativa y/o penal.
Otros puntos que suma a un protocolo parecido al aplicado en los principios de su paso por esta misma cartera durante el macrismo, son el aviso al juez competente en caso de daño ambiental, por ejemplo si hay quema de cubiertas, y que, en caso de participación de niños y adolescentes, se le dará aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y “se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños a los piquetes”. El punto más cuestionado del escrito ante la clara dependencia de los niños de sus madres y padres y de que muchas veces no tienen con quien dejarlos a cargo de su cuidado.
Además, los costos vinculados a los operativos de seguridad que impliquen erradicar los cortes, afirmó, “serán cubiertos por las organizaciones o individuos responsables”. Aquí hace un paréntesis y afirma que, en caso de tratarse extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones para que tome cartas en el asunto.
Una vez conocido el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo como «inconstitucional», y como una «amenaza» a gremios y movimientos sociales. Advirtieron que «cuando hay semejante nivel de agresión» contra los sectores populares «inevitablemente se producen protestas sociales».
En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el «derecho a la manifestación» y reclamaron que la ministra de Seguridad «no tiene facultad legal» para impedirlo.
«Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich», reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, ubicado en Mitre 2162, donde fue convocada la prensa.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, criticó la medida al afirmar que «lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno». «En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena», indicó Bregman en su cuenta de Twitter.
También rechazó el protocolo su compañero de banca, Nicolás Del Caño, al decir que «la casta copó el Gobierno de Milei» y que la ministra de Seguridad busca «reprimir la protesta del pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las mayorías populares».
En tanto, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, repudió por «inconstitucional» el protocolo de movilización. «Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios«, dijo el gremialista.
También la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, catalogó el protocolo de Bullrich como «una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron». «Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada», publicó Litvachky en su cuenta de X.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el «protocolo para el mantenimiento del orden público» y adelantó que pedirá la «derogación por vía judicial».
Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Luis Caputo.
La jornada de protesta coincide con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del ex mandatario radical.
