Por octava vez, se le ordenó a Capital Humano a que continúe con la entrega de alimentos. Llegó tras el reclamo de comedores y merenderos.
La Justicia volvió a fallar en contra del Gobierno y del Ministerio de Capital Humano. Por octava vez, se le ordenó a la ministra Sandra Pettovello que continúe con la entrega de alimentos y con los programas de distribución de los mismos a fin de asegurar el derecho a la alimentación de los más vulnerables.
“Milei y Pettovello, cuéntenla cómo quieran. Ya es el octavo juez que les falla en contra. La orden es clarita: Entreguen los alimentos”, tuiteó junto a la resolución el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien patrocina legalmente a la Utep, movimiento social que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) motorizaron el amparo colectivo ante la inacción del Ministerio.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 le ordenó al Ministerio de Capital Humano que garantice la entrega de alimentos a grupos vulnerables en comedores y merenderos. El fallo obliga al Estado argentino a que se sostenga su abastecimiento y a que se informe mensualmente sobre los programas de distribución de comida con el detalle de su destino y lo concerniente a la ejecución de partidas.
El juez Walter Lara Correa sostuvo en su fallo “la importancia de mantener las políticas públicas alimentarias vigentes para garantizar este derecho fundamental”. El conflicto surgió luego de que Capital Humano anunciara una auditoría al sistema de comedores para eliminar a los “intermediarios” y que cambiara el sistema de asignación de fondos. Las auditorías aún siguen su curso, y cientos de comedores debieron cerrar porque se les cortó la entrega de alimentos.
Cuando se encontraron productos prontos a vencer en los depósitos de Capital Humano, también por orden judicial los distribuyeron a través de organizaciones religiosas. Desde el Gobierno afirman que actualmente se asiste a comedores y merenderos a través de la tarjeta Alimentar Comunidad donde se deposita el dinero equivalente a la canasta básica alimentaria.
Esta decisión judicial llega en medio de la polémica por la compra de una cafetera de casi $2 millones ($500 mil más de lo que vale en el mercado) en el área de Niñez y Familia, por lo que Pettovello le pidió la renuncia a la subsecretaria de Gestión Administrativa, Constanza Cassino. Además de la cafetera, también se había abonado en octubre un catering por alrededor de $3 millones en esa oficina, información que fue denunciada por Grabois.