Vecinos, estudiantes y organizaciones que se oponen a las construcciones en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria en una audiencia pública del gobierno porteño.
Vecinos, estudiantes y organizaciones que se oponen a la instalación de un bar y otras construcciones en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires dijeron que «la reserva no es un negocio» y criticaron que el estudio de impacto ambiental se hizo luego de que comenzaron las obras, en una audiencia pública que se desarrolló este mediodía de manera virtual en el canal de YouTube del gobierno porteño.
El proyecto «Reserva Ecológica Costanera Norte», que se puso en marcha desde principios de año bajo la titularidad de la Dirección General de Áreas de Conservación, se encuentra frenado luego de que el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN) de la UBA -que cogestiona ese espacio- presentó una acción de amparo que recayó en en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°9 de la Ciudad.
En el inicio de la audiencia, Oscar Alberto Medina, de la Dirección General Áreas de Conservación (DGARCON), sostuvo que la idea de la reserva «es acercar la naturaleza a los habitantes» y sostuvo que «es un ejemplo de revalorización ambiental, ya que en pocos años un lugar abandonado se convirtió en una reserva con cientos de plantas y animales». Medina precisó que en lo que hasta julio de este año visitaron 51 mil personas la reserva, y se podrá superar las 100 mil en 2023.
Por su parte, José Stoiser, el profesional que hizo el estudio técnico de impacto ambiental que se presentó en la audiencia, indicó que las afectaciones que produjeron las obras fueron «temporales».
«Los impactos negativos significantes asociados al suelo tienen que ver con la reducción de superficie absorbente y drenajes superficiales», aseguró y agregó que «en el aire tuvo que ver con la generación de ruidos y materiales particulados, de leve intensidad y temporal por el tiempo que demanden las obras»
Stoiser sostuvo que en cuanto a la flora y la fauna «no se han extraído árboles» y aclaró que con respecto al medio antrópico «hubo alteración del paisaje y las actividades de esparcimiento, turísticas y académicas».
El profesional destacó que tras las obras habrá «aumento de la biodiversidad por la incorporación de 3.500 árboles nativos, aumento de la superficie absorbente, mayor infraestructura para los visitantes y creación de empleos por las obras».
La Secretaría de Ambiente porteña proyectó una serie de obras «de mejoras» a través de la incorporación de señalética, una bicisenda y nuevas construcciones como un centro de interpretación, un sector de sanitarios y «áreas de servicios» que podrían convertirse en locales de gastronomía dentro del área protegida.
«Desde finales de 2022 empezaron las obras sin ninguna consulta, no les interesó los marcos normativos al gobierno de la Ciudad, pasaron por encima el plan de gestión ya que tanto los baños como el centro de visitantes fue instalado en la zona intangible, no tenían que ubicarse ahí», criticó en su exposición Adriel Magnetti, biólogo, que fue uno de los primeros de la decenas de disertantes.
«Quieren gestionar el área protegida como si fuera un parque metropolitano, no tiene que haber ni locales gastronómicos ni bares en áreas protegidas», argumentó.
Nicolas Faggiani, un vecino, pidió que la reserva ecológica «tenga una dirección propia» y sostuvo que » actualmente no cuenta con empleados correctamente puestos para defenderla, no tiene guardaparques, estas personas tienen que tener una formación técnica».
Joaquín Braude López, estudiante de física de la Facultad de Exactas de la UBA, afirmó que «toda la comunidad educativa se expresó en contra de estas obras».
«Este tipo de obras requiere la presentación previa de los impactos ambientales. La reserva no es un negocio», aclaró.
Hernán Invernizzi, titular del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, opinó que «no todas las obras son perjudiciales en una reserva, se necesitan servicios para los visitantes, pero una cosa es un servicio y otra cosa es un negocio».
«No se cumplieron con las leyes debidamente. Este proyecto no tiene legalidad ni legitimidad», aseveró.
Martin Ezequiel Cardoso, estudiante de biología, afirmó que «nuestro rechazo categórico tiene que ver porque están destruyendo la flora y fauna nativas».
Francisco Pardo Lampreabe, abogado y profesor de derecho ambiental, explicó que «la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que tiene que ser previo y acá vemos que fue posterior, es una aberración jurídica».
«No hace faltas bares, hace falta conservación de los espacios verdes», concluyó.