El relevamiento del Observatorio Lucía Pérez indicó que hubo 27 femicidios por mes, prácticamente uno por día. Los crímenes de género aumentaron por cuarto año consecutivo en el país.
Las tasas de femicidios no parecen menguar. Ante un panorama dinámico que tiene algunas transformaciones en las valoraciones y posiciones que impusieron el avance y crecimiento de los movimientos feministas de los últimos años, parece que las conquistas y el proceso de liberación de las mujeres y disidencias causan estragos en aquellos hombres que temen que su poder se vea afectado por la alteración de los términos de la sumisión.
Ese temor de perder el control se ve materializado en la angustiante cifra que no disminuye, cifra que detrás tiene a mujeres y disidencias con sus historias y deseos que fueron arrancados: el promedio de crímenes anuales por género continúa en 300, e incluso en 2022 fue superado.
La organización La Casa del Encuentro relevó 301 crímenes de género durante 2022; mientras que el Observatorio Lucía Pérez registró 323 femicidios, uno de los peores de la última década. Los datos oficiales de 2022 que recopila la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, basados exclusivamente en expedientes judiciales, estarán disponibles a partir de junio próximo, pero la tendencia en años anteriores acompañaba la que muestran las ONG.
El relevamiento del Observatorio Lucía Pérez indica que hubo 27 femicidios por mes, prácticamente uno por día. Esa organización, además, señala que los crímenes de género aumentaron por cuarto año consecutivo en el país.
Los cambios institucionales para luchar contra la violencia de género se acentuaron en los últimos 15 años. El Congreso aprobó en 2009 la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se modificó el Código Penal en 2012 para introducir la figura de femicidio como un agravante. Y tras la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, en junio de 2015, la sociedad civil impulsó más cambios como la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, que implementó el Poder Ejecutivo.
Años después, Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres con políticas que atendieron esta problemática como el Programa Acompañar, que brinda una ayuda económica a las mujeres que sufren amenazas. El 90% del presupuesto de todo ese ministerio se destinó el año pasado a pagar ese subsidio, informaron fuentes oficiales.
Sin embargo, fueron 39 las mujeres asesinadas en 2022 que ya había advertido a las autoridades sobre conductas violentas de novios, maridos y parejas. El 17% de las mujeres asesinadas en los últimos 15 años (un total de 668 casos) ya había hecho denuncias por violencia de género.
Que las políticas públicas aplicadas no sean suficientes no quiere decir que deban interrumpirse sino hacer foco en que, a pesar de trabajar para erradicarlo, el problema es tan grave y difícil que hay que redoblar las apuestas y trabajar en más y mejores políticas que atiendan las urgencias y los tiempos de la víctima, y no lo de los procesos burocráticos judiciales.
¿Quiénes son los victimarios? Casi el 60% de los femicidios son cometidos por parejas o ex parejas de las mujeres. A eso hay que sumarle otro 16% que son familiares. Es decir, la mayoría de los agresores mantenía una relación sentimental con las víctimas. Según Esther Pineda, detrás de esos femicidios se encuentra una percepción acerca del rol de la mujer: la percepción de que les pertenecen al percibirlas como su inferior, creyendo que, como sucede en algunos casos, ellas no tienen derecho a ponerle fin a la relación. Estos hombres creen que están autorizados para usar la violencia como un medio para controlarlas o disciplinarlas.
Según una revisión que hizo Infobae, el perfil de las víctimas de femicidios son mujeres muy jóvenes: casi la mitad de las asesinadas tenían entre 20 y 40 años, según los datos revisados entre 2008 y 2022. Pero la franja que más crímenes sufrió es la de 20 a 24 años. Además, sorprende particularmente que las muertes de adolescentes y niñas suman el 18% del total de casos. Se reportaron, además, 213 niñas de hasta nueve años asesinadas en todo el período analizado.
Según lo declarado por una funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la mayoría de las que piden ayuda a través de la línea 144 o las que se suman al Programa Acompañar tiene entre 20 y 29 años. En cambio, las mayores de 60 años son las que menos se contactan con el Estado. Esto denota un cambio en cómo se conceptualizaron tradicionalmente las relaciones.
El 70% de las víctimas son asesinadas a puñaladas, ahorcadas, a los golpes y hasta quemadas. Hubo 222 casos (seis de cada 100 crímenes) en que las quemaduras por fuego fueron las detonantes de las muertes.
La figura de femicidio fue legalmente incorporada en noviembre de 2012. El Congreso modificó el Código Penal para sumarla como un agravante a quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. También se agregó un agravante en el caso de que los homicidas sean parejas o ex parejas. Esta medida fue una respuesta a una demanda colectiva que comenzaba a instalarse en la sociedad civil a raíz de los reiterados casos de mujeres asesinadas.
Tres años después, la multitudinaria marcha Ni Una Menos fue el detonante para que, entre otras cosas, se creara el primer registro oficial de víctimas de femicidios, travesticidios y trans feminicidios. La Corte Suprema puso en marcha en 2017 el Registro Nacional de Femicidios. Este registro releva todas los expedientes judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres y de mujeres trans/travesti por razones de género.
A diferencia de otros delitos, muchos de los femicidios son crímenes menos complejos para su resolución, dado que en la mayoría de los casos los sospechosos son parejas o ex parejas que incluso ya habían sido denunciados previamente. Sin embargo, el número de sentencias en el período 2008-2018 es de apenas el 37%, según los datos del Observatorio Lucía Pérez.
Las estadísticas indican que, una vez que la justicia concluye los procesos contra los femicidas, las condenas suelen ser altas. Una década después de la modificación del Código Penal para introducir la figura de femicidio como una instancia penal que agrava el asesinato de una mujer, casi el 70% de los sentenciados recibieron una pena de entre 31 y 35 años de prisión, una condena equivalente a la reclusión perpetua.
Tasas de femicidios por regiones del país
Pese a que ninguna localidad del país está exenta, algunas regiones muestran estadísticas más preocupantes: el Norte argentino es la zona que registra las tasas más altas de femicidios en los últimos años, mientras que en Rosario la situación empeoró en 2022 como nunca antes.
Tres de las cuatro provincias argentinas con peores tasas de femicidios en los últimos 15 años están en el NOA argentino: Tucumán, Santiago del Estero y Salta figuran como las provincias de esa región con más cantidad de crímenes de mujeres cada 100.000 habitantes.
Casi todas las provincias del NOA y NEA aumentaron la tasa de femicidios durante 2022 en comparación con el promedio histórico de los últimos 15 años. La situación fue especialmente sensible el año pasado en las provincias de Chaco y Misiones, con 11 y 12 casos respectivamente según los datos no oficiales. Las últimas estadísticas oficiales de 2021, relevadas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, coinciden en el enfoque: Tucumán, Santiago del Estero y Chaco aparecen como las provincias con más alta tasa de femicidios.
Rosario es la ciudad con más homicidios del país. Las estadísticas señalan una intersección entre la violencia que genera el narcotráfico y la violencia de género. Fueron 64 muertes violentas en 2022, según el relevamiento realizado por el Observatorio Lucía Pérez. Los números reflejan un crecimiento de los crímenes de género que alerta: se habían registrado 17 femicidios en 2020, pero el número creció hasta 27 en 2021 y este año se triplicó.
El 80% de los asesinatos ocurridos en 2022 en Rosario fueron ejecutados por sicarios. Todos estos femicidios fueron con armas de fuego y son crímenes en los que existe otro componente que le otorga características particulares: generalmente, hay zonas de crimen organizado en las que hay un Estado implicado por omisión, y en las que los cuerpos son parte de las disputas entre bandas, como otro territorio donde se despliega el narcotráfico, como lo planteó en otras oportunidades la autora Rita Segato.
