Así lo indica un informe oficial del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, con datos que relevaron la explotación sexual o laboral entre 2020 y 2022.
Un informe del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata consignó que se rescataron a 3.246 personas de situaciones de trata sexual o laboral entre 2020 y 2022. El 40% de los rescates fueron tras allanamientos y el resto gracias a las denuncias realizadas a través de la línea 145, de las que se registraron 4.385.
Se señaló que el Comité otorgó 2.285 programas "Acompañar" a víctimas mujeres y LGTBI+ por explotación sexual y/o laboral. Dicho programa está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de quienes se inscriban, a través de un apoyo económico de seis meses consecutivos, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y un apoyo integral por vía de acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.
Por otro lado, el informe señala que se otorgaron 688 subsidios del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) por explotación laboral y 330 por el Potenciar Trabajo.
El informe enfatiza, además, la creación del "Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los afectados por los delitos de trata y explotación de personas", que ofrece a las víctimas programas de capacitación e inserción laboral. También se destacó la creación del programa de acceso a soluciones habitacionales que se desarrollaron en Santiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires. Según se registró, de 2020 a 2022, 66.156 personas participaron de 552 capacitaciones laborales realizadas por el Comité.
El Ministerio Público Fiscal publicó en julio una serie de datos en el marco del Día Mundial contra la Trata en el que destacaron que entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias relacionadas al delito de trata de personas, período en el que se identificaron 1.545 víctimas, de las cuales el 76,7% eran mujeres. Sobre el total de sentencias, el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual y dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres.
Alarma la diferencia entre el número de víctimas rescatadas en los últimos dos años (3.246) y el número de sentencias emitidas en los últimos diez años (376), si se considera que la mayoría de las víctimas eran mujeres, y en gran número, las sentencias fueron en casos de explotación sexual, esa incongruencia se puede leer como síntoma de la condición que constituye uno de los principales reclamos actuales de los feminismos: la deuda de la Justicia para con las víctimas de violencia de género.
El viernes habrá una movilización frente a Tribunales convocada por el colectivo Ni Una Menos bajo la consigna “Basta de justicia patriarcal y racista", en el marco del Día Internacional en Repudio a las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries e intersex. El objetivo de la marcha es la denuncia de toda violencia de género, pero principalmente la ejercida por las Instituciones.
Es evidente que el Poder Judicial están en deuda a la hora de responder a las necesidades de las identidades vulneradas por la violencia de género. Sin embargo, la Argentina ha sido reconocida a nivel internacional entre los 30 países que más luchan contra la trata de personas en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.
En ese sentido, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata señaló que pudo cumplir con el 92% de las políticas que se propuso desarrollar del 2020 al 2022. El nuevo plan 2022-2024 del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata será presentado a principios de diciembre y estará subdividido en 4 grandes ejes basados en acciones de prevención, de asistencia, de persecución y de fortalecimiento institucional.
Entre algunos de los objetivos del próximo plan de dos años se encuentran: el fortalecimiento del acceso a la vivienda para víctimas de trata; el fortalecimiento de los planes de capacitación, inclusión y acceso al trabajo para las víctimas de trata; la agilización del funcionamiento del Fondo Fiduciario para la reparación de víctimas; la garantía de mecanismos de asistencia específicos para víctimas de trata con discapacidad y la construcción refugios especializados para víctimas de trata en cada región del país.
