Un informe elaborado por el Mapa Latinoamericano de Feminicidios alertó que en el primer semestre de 2023, Latinoamérica y el Caribe registró 1945 femicidios.
Una de las grandes problemáticas que atraviesa a todos los países de la región es la violencia machista y su profundización. La falta de políticas públicas más eficientes se convierten en una urgencia por la que los feminismos no dejan de reclamar, sobre todo teniendo en cuenta los datos más recientes: en el primer semestre del 2023, 1945 mujeres, adolescentes y niñas fueron víctimas de femicidios en 15 países de América Latina y el Caribe.
Un informe del Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF), desglosado por Nahir del Buey, en Télam, alertó que si se compara con el mismo periodo del año 2022, hubo un crecimiento del 12,5% en la cantidad de femicidios, esto es, teniendo en cuenta los 14 países en análisis (con excepción de Brasil, porque no se tiene la información para ese periodo).
El análisis regional fue realizado por 17 organizaciones de la sociedad civil -la mayoría pertenecientes a la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género- y sistematizado por la Asociación MundoSur.
Al analizar cada país por separado, Cuba fue el que más aumento registró, pasando de 20 crímenes por motivos de género a 50, lo que implica un crecimiento del 150%, mientras que el que registró una disminución pronunciada fue Uruguay, que pasó de 24 a 9, es decir, 62,5% menos.
En torno a Argentina, la co-coordinadora del Mapa, Paula Spagnoletti, indicó a Télam que «es uno de los países que podríamos destacar dentro de la región, que tiene un organismo oficial como es la Corte Suprema de Justicia», que realiza registros oficiales de femicidios, aunque remarcó que la limitación que tiene es que «publican sus informes a año vencido desconociendo la situación actual de las mujeres».
Además de la fuente oficial, hay observatorios y organizaciones feministas que se dedican a elaborar registros basados en informes y medios de comunicación, como es el caso de MuMaLá, que recientemente alertó que en lo que va de este 2023, hubo un total de 219 femicidios. Según las fuentes oficiales recabadas por el MLF, de los 35 países que conforman América Latina y el Caribe, sólo en 11 (31%) se conoce la situación con respecto al femicidio en 2023.
Por ello, ante la falta de fuentes oficiales en algunos países como Cuba, desde las organizaciones cubanas Yo Sí Te Creo y Observatorio Violencia de Género de Alas Tensas, expresaron que «existe un alza en las verificaciones y no en la cifra de feminicidios, pues no se dispone de una cifra oficial base y actualizada que marque un referente».
En el caso de Brasil, en tanto, el Laboratorio de Estudios de Feminicidios advirtió sobre la falta de perspectiva interseccional a la hora de elaborar los datos ya que «muchas muertes de mujeres no son reportadas», sostuvo el MLF. Hay muertes de mujeres indígenas que quedan ocultas por conflictos por territorios; muertes de mujeres trans que quedan ocultas por los múltiples estigmas que recaen sobre ellas y muertes de mujeres con alguna vinculación con el comercio de drogas ilícitas, detallaron.
Por otra parte, eesde el Centro de Documentación y Estudios de Paraguay indicaron que «muchos feminicidios son consecuencia de la violencia feminicida del Estado por no proteger debidamente la vida de mujeres que se acercaron a denunciar y, sin embargo, no fueron socorridas en tiempo y forma».
Si bien la mayoría de los países relevados en este informe desconocen en un 50% la existencia de denuncias previas de la víctima hacia su agresor, de los 931 casos donde se conoce esta información, en el 24,4% el agresor había recibido denuncias, lo que significa la tardanza y ausencia del Estado, dado que, con ese porcentaje se entiende que al menos 1 de cada 4 feminicidios podrían haberse prevenido, ya que la justicia tenía conocimiento de que había amenazas y violencia de género y no actuó en consecuencia. Por eso, uno de los reclamos que más extensión ha tenido en los últimos tiempos desde los feminismos fue justamente la reforma judicial feminista.
Por otra parte, el país con mayor tasa cada 100.000 mujeres es Honduras, con 4,33 femicidios, seguido por Puerto Rico con 2,87 y Ecuador con 1,74. En tanto, los países con menor tasa de femicidios son Chile con 0,2 y Panamá con 0,28.
A su vez, los femicidios no sólo representan la brutalidad de la violencia machista para con sus víctimas, sino que también abarca y desplaza consecuencias a otros ámbitos: los datos arrojados evidencian que al menos 582 mujeres víctimas de femicidios tenían a sus hijas e hijos a cargo, dejando 1.144 huérfanos tras sus homicidios. De hecho, Milagros Geraldine Reyes, asesinada recientemente en la Ciudad de Córdoba por la ex pareja de su madre, tenía un bebé de un año y medio.
El informe del MLF resaltó que «se habla poco» de las profundas consecuencias psicológicas, sociales y humanas que padecen las infancias que quedan sin madre producto de la violencia machista.
Parejas y ex parejas, principales responsables
El mapeo indicó que el 58,3% fueron asesinadas por su pareja o expareja, es decir, casi 3 de 4 femicidios fueron cometidos por personas cercanas; y el principal instrumento del crimen, con un 41,32%, es el arma de fuego.
Para Spagnoletti, pensar en una libre portación de armas no sólo en Argentina (propuesta que el presidente electo Javier Milei tiene publicada en su plataforma política), sino en otros países, tendrá un impacto directamente en la vida de las mujeres: «El arma no solamente como medio para matar, sino para realizar otro tipo de violencia psicológica y simbólica», señaló.
Avances y faltantes
A pesar de que los Estados realizaron avances legislativos, como la inclusión del delito de femicidio en los códigos penales y el reconocimiento de los suicidios femicidas -mujeres que deciden poner fin a sus vidas, debido a distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas- las organizaciones comparten que no terminan de aplicarse las leyes. Además, sostienen que las normativas deben ir acompañadas de formación y sensibilización a los operadores judiciales y personal policial.