Liberaron a las socorristas detenidas por acompañar abortos autogestionados

Las cuatro mujeres cordobesas seguirán vinculadas a la causa. Decenas de organizaciones nacionales y regionales se plegaran al reclamo de Socorristas en Red.

Las cuatro mujeres que habían sido detenidas el 21 de diciembre en la ciudad de Villa María, Córdoba, por acompañar un aborto autogestionado, fueron liberadas este lunes por el Juzgado de Control de la ciudad. Sin embargo, advirtieron que seguirán vinculadas a la causa. 

Ayer, decenas de organizaciones nacionales y regionales se plegaron al reclamo que realizó Socorristas en Red, la organización que acompaña personas que quieren abortar por su cuenta en la Argentina,  y se sumaron este lunes a un "redazo" bajo el hashtag #AcompañarAbortosNoEsDelito, el cual estuvo en tendencias en Twitter a nivel nacional. 

Las detención de las socorristas se produjo en el marco de una serie de allanamientos a varias casas particulares, en los que la policía provincial secuestró documentación y otros elementos por orden del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. La abogada penalista Rocío García Garro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), contó que el procedimiento comenzó a las cinco de la tarde y fueron allanados varios domicilios. 

“Se detuvieron a dos compañeras socorristas. Asimismo, se libró un pedido de detención para dos compañeras que no se encontraban en el país. Los familiares de esas compañeras le hicieron saber a la fiscalía que cuando estas regresaran al país automáticamente se iban a presentar”, declaró en diálogo con Télam. 

La Fiscalía ordenó el pedido de captura de todos modos, y las dos mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza apenas arribaron al país, el 24 de diciembre a la madrugada.

Una vez que se conoció la orden de liberación, Socorristas en Red escribió en sus redes sociales: "¡Las compañeras socorristas están libres y lo logramos colectivamente! La lucha siempre sirve". 

Si bien hasta entonces el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no se había pronunciado públicamente al respecto, la ministra, Ayelén Mazzina, expresó "preocupación por la privación de la libertad de cuatro integrantes de la red nacional Socorristas en Red" a través de una presentación judicial. 

La funcionaria advirtió que no había una “justificación adecuada” para la detención de las socorristas, apeló a la aplicación del principio de juicio en libertad y presunción de culpa y habló de una “incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el proceso judicial, para un desarrollo respetuoso de los derechos humanos de las mujeres".

El escrito presentado al Juzgado de Control de Villa María, que está a cargo de la jueza María Soledad Dottori, afirma que los hechos en cuestión “no podrían calificarse como delictivos, por tratarse de acciones legales y socialmente valiosas vinculadas a la promoción de la salud reproductiva y al acompañamiento de abortos legales”. 

El planteo que presentó el ministerio se corresponde con la perspectiva de Socorristas en Red, que señaló en un comunicado la acción de la justicia cordobesa como criminalizante por condenar el dar y recibir información para el cuidado de la salud, y la definió como una amenaza a los derechos conquistados por la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto. “(El hecho) refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal”, escribieron. 

Durante la jornada, la organización comunicó que “más de 40 organizaciones presentaron ante el Juzgado de Control de Villa María, la preocupación por la detención de socorristas” y que también hicieron presentaciones “familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba”. 

Rocío Garra, miembro fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, afirmó: "apenas se sancionó la ley (IVE) los sectores antiderechos pidieron su inconstitucionalidad. Durante el 2021 contabilizamos 37 acciones en contra de la ley".

Según la abogada y activista, el 2022 estuvo marcado por una “estrategia de criminalización” por parte de los “antiderechos”  que tiene el objetivo de “generar miedo para desalentar” la práctica del aborto.

A dos años de la sanción de la Ley que se transformó en la cabecera de la agenda de los feminismos, logrando unificar bajo una misma bandera a un movimiento que alberga varias perspectivas disímiles, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto sigue siendo un derecho por el que hay que reclamar en la Argentina. 

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