El texto sufrió modificaciones, por lo que, si el Senado aprueba, tendrá que volver a Diputados para que ratifiquen o rechacen los cambios.
Esta semana, ni bien asumió su nuevo rol, el jefe de Gabinete Guillermo Francos justificó con sus acciones la salida de su predecesor. Es que el ex ministro del Interior logró lo que Nicolás Posse no pudo en casi un mes: un dictamen oficialista de la Ley Bases y del paquete fiscal. ¿Cuáles fueron los cambios que tuvo que negociar para lograr un texto final de consenso mayoritario?
Con los nuevos cambios, las emergencias que otorgan facultades extraordinarias al presidente Javier Milei quedaron acotadas a un año y sólo a temas vinculados con lo administrativo, lo económico, lo financiero y lo energético. Sin embargo, el corazón de la desregulación está en el artículo 3 que le otorga luz verde para “modificar o eliminar” competencias, funciones y estructuras societarias de un sinfín de organismos públicos, excepto universidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial y Legislativo. Hay unos 30 organismos que no puede disolver, pero sí vaciar de contenido, presupuesto y personal. Entre ellos: el Incaa, el Conicet y la Anmat. También podrá hacer lo que le plazca con los fondos fiduciarios públicos, exceptuando al que administra los subsidios para el gas.
Otro de los cambios fundamentales tiene que ver con el listado de las privatizaciones. Aerolíneas Argentinas, Enarsa, RTA e Intercargo quedaron sujetas a privatización total, mientras que AYSA, el Correo, Trenes Argentinos (tanto de carga como de pasajeros) y Corredores Viales también pueden ser concesionadas. Otras empresas corrieron la suerte del listado de la privatización parcial, con una participación mayoritaria del Estado. Ellas son Nucleoeléctrica Argentina y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El polémico RIGI, que ofrece la explotación casi irrestricta en sectores claves y con exenciones impositivas por 30 años al capital extranjero, también sufrió algunas modificaciones. Según informó elDiarioAr, El oficialismo aceptó agregar que los inversores deben presentar un “plan de desarrollo de proveedores locales”, así como un estimado de “integración local” con el empleo directo e indirecto que generará en la zona en la que se instale.
El igualmente polémico blanqueo de capitales incorporó la imposibilidad de blanquear a hermanos y a quienes hayan sido funcionarios públicos desde 10 años a la actualidad. También se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. También se propiciarion cambios en la reforma laboral, la reforma previsional y el monotributo social.
