Durante la COP28, en Dubai, nuestro país enfrenterá y definirá objetivos urgentes para combatir el cambio climático.
Ya está todo listo para el comienzo de una nueva cumbre contra el cambio climático. Desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre se realizará la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de Naciones Unidas, en Dubai, Emiratos Árabes. Será un espacio en el que jefes de Estado y representantes de los países miembro se congregan para lograr consensos sobre las políticas a implementar contra la crisis climática.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) indicaron que el tema central de este año será la aprobación y publicación del primer Balance Mundial, que funciona como un mostrador para ver cuánto han cumplido los países sus compromisos con el medioambiente, entre los cuales está Argentina.
“Su publicación le permitirá al mundo conocer el estado de situación actual de cumplimiento de los compromisos tomados por los Estados Parte, entre ellos Argentina”, advirtió Victoria Rocío Laguzzi, miembro del área de Política Climática de FARN.
¿Cuáles serán las metas climáticas de Argentina en la COP28?
Según indicaron desde la FARN, los temas de interés y de negociación para Argentina en esta cumbre, además del Balance Mundial, serán el financiamiento climático y el acceso a medios de implementación (lo cual implica tanto transferencia de conocimiento como de tecnología); transición justa; agricultura y seguridad alimentaria; seguimiento de la implementación del fondo de pérdidas y daños clave para los países en desarrollo y la Meta de Adaptación, establecida en el marco del Acuerdo de París, que tiene como objetivo impulsar la acción colectiva en materia de adaptación de los países al cambio climático.
Este año, una de las prioridades de la Delegación Argentina en la COP será trabajar para lograr la adopción del marco de la Meta Global de Adaptación. “Contar con este instrumento a nivel internacional permitirá tener parámetros internacionales sobre cómo diseñar las políticas de adaptación en el territorio nacional así como mejorar su implementación y monitoreo de resultados. También, será clave para que nuestro país pueda acceder a financiamiento así como a medios de implementación”.
¿Qué implicancias tiene para la Argentina la Meta de Adaptación?
Según el informe sobre la Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado en noviembre pasado, en 2023 se batieron récords de temperatura, mientras que tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor causaron devastación.
El estudio señala que la falta de adaptación profundiza la crisis climática y tiene enormes implicaciones en pérdidas y daños, particularmente para los países más vulnerables. Se estima que los costos actualizados de la adaptación para los países en desarrollo oscilarán entre 215 mil millones de dólares y 387 mil millones de dólares por año durante esta década, y el financiamiento de adaptación necesario para implementar las prioridades nacionales de adaptación se estima en 387 mil millones de dólares por año entre 2021 y 2030. Sin embargo, los flujos de financiación para la adaptación a los países en desarrollo disminuyeron un 15% a alrededor de 21 mil millones de dólares en 2021.
“Las políticas de adaptación son claves para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, así como dar respuesta y atender en forma directa los riesgos e impactos locales sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y sobre los sistemas productivos”, enfatizó Camila Mercure, miembro del área de Política Climática de FARN.
Por otra parte, en la previa de la COP28, un nuevo informe de Climate Transparency, "El tiempo se está acabando para el petróleo y el gas", aseguró que se necesita avanzar hacia la eliminación progresiva del petróleo y el gas para limitar el aumento de la temperatura del planeta.
En este sentido, en el documento “Cinco propuestas ambientales para salir de la crisis”, de FARN advirtieron: “La transición energética que necesita la Argentina para hacer frente a la crisis climática no es solo un cambio en la matriz energética primaria que salga de la senda fósil de mayores emisiones. Es un camino hacia un cambio del modelo productivo, de consumo de energía y de organización social, el cual deberá generar nuevos consensos sociales, integrando la eficiencia energética, el acceso a la energía, la generación de nuevos empleos y la soberanía energética”.
Argentina y el litio
“La creciente demanda global de litio es impulsada por los países del Norte Global -principalmente países de Europa, de Norteamérica y del sur y este de Asia, en particular, China- quienes están librando una contienda geopolítica por el control de la cadena de suministro de estos minerales considerados “críticos” para su modelo de transición energética, y para garantizar su seguridad energética en un contexto internacional de conflicto”, aseguró Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos en FARN.
La mayor demanda proviene de la industria automotriz, por su uso en la producción de baterías para vehículos eléctricos individuales, y, en menor medida, para su empleo en baterías de celulares, computadoras y otros artefactos electrónicos, así como para almacenamiento de energía.
Argentina, junto con Chile y Bolivia, concentran más del 50% de reservas mundiales de litio en salmuera.
Al respecto, Castillo Díaz explicó que la minería de litio en salmuera es minería de gran escala en términos de consumo de agua en una región extremadamente árida y frágil que tiene un déficit hídrico natural todo el año, y que ya sufre los impactos del cambio climático.
En Argentina, para la minería de litio no se llevan adelante procesos de evaluación ambiental estratégica ni se analizan los impactos acumulativos y sinérgicos de los más de 36 proyectos en cartera. Sumado a ello, no se respeta la normativa sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Tampoco se cumple con la Consulta libre, previa e informada del Convenio 169 de la OIT.
Un ejemplo es lo que ocurrió en marzo de 2023, gracias al reclamo de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, junto a FARN, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le exigió a Salta, Jujuy y el Estado Nacional información sobre todos los permisos de exploración y/o explotación de litio y borato en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
