La solicitud contra el titular del máximo tribunal por «mal desempeño en sus funciones» y a los restantes integrantes por «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad».
El presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores advirtieron este martes que existe el peligro de avanzar hacia un «gobierno de los jueces» y acusaron a los integrantes de la Corte Suprema de «invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes» del Estado, afectando «seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional».
El escrito de 36 páginas fue difundido por la Presidencia tras la reunión entre el presidente y un grupo de gobernadores en la Casa Rosada, este martes. Allí se reivindica la división de poderes y advierten que «si se traspasan los límites» que debe haber «existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».
En el texto señalan que “en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes».
El escrito se refiere además a la difusión de los supuestos chats entre el vocero y hombre de máxima confianza del presidente de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que este martes anunció un pedido de licencia en sus funciones dentro del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
«La convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales», dice el pedido de juicio político.
También subrayaron que «en el marco de la revelación periodística de conversaciones» entre D’Alessadro y Robles, «aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte (…) sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Cómo sigue el proceso del pedido de juicio político
En la nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la cámara baja, Ana Carolina Gaillard, piden a la «Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación».
El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo.
Tras su habilitación, la comisión de Juicio Político deberá definir por mayoría simple la apertura del periodo a prueba, en la cual reunirá la documentación y citará a testigos para determinar si corresponde o no promover la acusación ante el Senado. El oficialismo cuenta con los votos necesarios en la comisión.
