Una comitiva de seis diputados y diputadas de La Libertad Avanza fue en una “visita humanitaria” a ver, entre otros, al represor genocida Alfredo Astiz.
El Gobierno nacional continúa radicalizando su faceta negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar promovida, sobre todo, por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese marco, seis diputados de La Libertad Avanza, la mayoría muy allegados a ella, fueron a visitar al represor genocida Alfredo Astiz, uno de los mayores responsables de los peores crímenes cometidos durante esos años, y a otros detenidos por el papel que tuvieron en el denominado Proceso de Reorganización Nacional.
Los legisladores afirman que los apresados son “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional” y amenazan con denunciar a los jueces que los condenaron. Todo ello mientras el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, aboga por una nueva tanda de indultos. Los hechos ocurrieron el 11 de julio pasado cuando Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci fueron hasta la Unidad 31 de Ezeiza para hacer “una visita humanitaria” los represores.
La visita llegó luego de una serie de cartas de Lucrecia Astiz, hermana del genocida, en las que reclama su libertad. ¿Quiénes son estos diputados que le hicieron el favor? Arrieta es hija de un militar denunciado por torturas en la Guerra de Malvinas, Araujo fue una de las invitadas al acto que organizó la vicepresidenta Villarruel cuando era diputada en defensa de las víctimas del terrorismo, Fereyra y Benedit ya habían visitado previamente a los genocidas, y Montenegro fue hasta hace unos meses el asesor de mayor confianza de la Vicepresidenta en el Senado.
Benedit apuntó también contra los jueces que los condenaron y mantienen detenidos. Incluso llegó a sugerir hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para que los remuevan. “No se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”, planteó. No son los primeros del Gobierno en hacerlo. Además de Villarruel, el ministro de Defensa Luis Petri, según reveló Página12, mandó a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para visitar a los genocidas apresados allí hace unos meses.
Claro que la acción recibió comunicados de repudio apenas se supo. Uno de ellos fue el firmado por las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
“La visita realizada la semana pasada por los diputados Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Guillermo Montenegro (CABA), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alida Ferreyra (CABA) resulta un hecho sin precedentes en los más de 40 años de democracia y no solo es una enorme provocación para familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y para quienes luchamos todos los días por defender el camino de Memoria, Verdad y Justicia, sino que representa una grave afrenta a la República toda”, sostiene el texto.
Asimismo, los organismos detallan que “los presos visitados en la cárcel de Ezeiza son nada menos que Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda, probados genocidas responsables del secuestro, la tortura y la muerte de miles de argentinos”.
Los partidos políticos también reaccionaron. La UCR salió a decir que “repudia la visita que realizaron diputados de la Libertad Avanza a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes” y remarcó que “deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta”.
A la vez, el Partido Justicialista reafirmó “su compromiso con las políticas de derechos humanos y reitera su preocupación por la decisión de Milei de entorpecer la búsqueda de los niños y niñas apropiadas en la última dictadura militar”, señaló en sus redes. “Dejen de provocar”, se sumó Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica ARI.