La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad por la coparticipación

Los jueces determinaron que el Ejecutivo nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el establecimiento del porcentaje acorde.

Lo determinado por la Justicia dista del reclamo de CABA, que pide el 3,50%, por lo que se seguirá debatiendo en ese espacio. La cautelar emitida obliga a que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. De esta manera, el Tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado por el presidente Alberto Fernández para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la Provincia a mediados de 2020. A ese evento se sumó el otro intento de reducirla, que efectivamente sucedió, cuando se creó ese mismo año Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires financiado con el 1% que se le restaba a CABA. En ese momento la decisión se justificó a razón de que durante la gestión de Mauricio Macri había aumentado del 1,4 al 3,5%.

Larreta en ese momento recurrió a la Corte por ser el máximo tribunal con potestad para intervenir en los juicios entre la Nación y las provincias. Se había convocado a las partes para que resolvieran sus diferencias y fijaran el porcentaje de manera voluntaria, pero ambas fracasaron.

La coparticipación refiere al porcentaje de recursos que envía la administración nacional a las provincias. CABA al funcionar de manera autónoma cuenta como una de ellas. La discusiones giran en torno a que no hay un criterio basado en indicadores objetivos para su distribución, y en algunos casos llega a representar el 80% de los recursos de una provincia, mientras que en otro solo el 20%.

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