Por orden del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, los seguidores de Bolsonaro instalados frente al cuartel general del Ejército deberán desalojar en las próximas 24 horas.
Las fuerzas de la policía de Brasil empezaron a levantar el campamento que seguidores de Jair Bolsonaro instalaron frente al cuartel general del Ejército. La orden fue emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes. El operativo se dio un día después de que manifestantes bolsonaristas invadieran el edificio del Congreso, el Palacio de Planato (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia, en un intento de golpe de Estado que generó un amplio repudio en la región y el mundo.
El ministro dio un plazo de 24 horas para cumplir la orden de desalojo. Las imágenes del portal de noticias G1 permiten ver a los defensores del expresidente cargando bolsos y carpas. Muchos de ellos llevaban puestas prendas de los colores de la bandera de Brasil, que funcionaron como identificación para los seguidores de Bolsonaro, considerada como una reapropiación simbólica nacionalista por parte de la ultraderecha.
Además de desarticular el campamento, De Moraes prohibió la entrada de camiones o autobuses con manifestantes al Distrito Federal de Brasil, así como también liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el país.
A una semana de la asunción de Lula Da Silva como presidente, más de 80 ómnibus con seguidores del exmandatario habían llegado el sábado a Brasilia para una manifestación. El ataque dirigido a los tres poderes de Brasil ayer por la tarde tuvo como saldo cerca de 400 personas detenidas.
Lula Da Silva habló ayer en San Pablo y delegó parte del a responsabilidad a las fuerzas de seguridad de la ciudad, que estuvieron en «falta».
Urgente convocatoria al Congreso por la intervención federal en la seguridad de Brasilia
A raíz de la falta de reacción por parte de la policía de la capital frente al ataque golpista de bolsonaristas, Lula da Silva firmó un decreto que impone una intervención federal en los organismos de seguridad de Brasilia.
Rodrigo Pacheco, presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, convocó al parlamento a analizar el decreto este lunes. La resolución delega la responsabilidad de la seguridad pública en el Distrito Federal al gobierno federal y nombra interventor al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli.
La Constitución Federal brasileña establece que, aunque se trate de un decreto, corresponde al Congreso Nacional aprobar el estado de intervención federal. Por lo tanto, tanto Pacheco como el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, regresaron a Brasilia para discutir la reacción del Congreso al los actos ocurridos el domingo.
El presidente del Senado envió un mensaje a los senadores rogando unidad, dado que la situación es «grave». Mediante el mismo, pidió a sus colegas que se manifiesten «con vehemencia» en contra de los actos de vandalismo registrados en Brasilia, según informó el diario brasileño Folha de San Pablo.
Con información de Télam.