Filtraron chats de jueces y funcionarios porteños por un vuelo a Lago Escondido

Involucran a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, entre otros. También a dos directivos del Grupo Clarín.

Este domingo se filtraron chats que revelan cómo jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, el ministro de Seguridad y Justica porteño, Marcelo D’Alessandro, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis. La exposición de los mensajes abrió un escándalo sobre la presunta recepción de «dádivas» por parte de magistrados y funcionarios.

La información fue revelada en una nota de Néstor Espósito para Tiempo Argentino, que luego tuvieron su continuación en artículos del portal El Cohete a la Luna que dirige Horacio Verbitsky, y Rosario Ayerdi en Perfil.

El periodista obtuvo los chats de una filtración realizada por un hacker que accedió a la línea de celular de D’Alessandro. El grupo, nombrado cómo «Operación de Página 12″, ya que fue ese medio quien dio a conocer el llamativo encuentro en el sur, fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Lo integran el CEO de ese grupo empresario, Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; su hijo, procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, el ministro de Seguridad de CABA; y el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth.

El viaje en cuestión sucedió el pasado jueves 13 de octubre, difundido por Página 12 cuatro días después. De ese mismo día data la creación del grupo de Telegram a través del cual debían acordar la estrategia de respuesta para estar amparados en cuanto saliera a la luz el hecho. Esa estrategia incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Según se desprende de los audios difundidos, son los miembros de Clarín quienes habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido. El viaje de los jueces se concretó en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando.

Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por «mal desempeño de sus funciones» contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en «graves desórdenes» de conducta en tanto magistrados.

Este fue el contexto del grupo creado para instalar una única explicación (falsa) y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de «dádivas» (recibir regalos o prebendas que son entregadas «en consideración de su oficio» y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

¿Qué dicen los chats?

En los mensajes se admite que condicionaron a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, que terminó por ofrecerles «envíar la causa a Comodoro Py» para que sea cerrada rápidamente. En otros audios, queda expuesto cómo se arma una coartada en la que aceptan adulterar pruebas al proponer pedir recibos o facturas truchas para que no puedan adjudicarles el delito de «dádivas».

En los mensajes de voz figuran también amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia («Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida» o expresar su deseo de «hacerlo cagar»); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

¿Quiénes son los involucrados?

• Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron el grupo y aportan la pata mediática.

• El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín, como el sobreseimiento de sus autoridades en la cauda de Papel Prensa.

• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri, enviado por él al Consejo de la Magistratura, y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros. Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la clave Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido, favorable al hijo de Lewis.

• El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.

• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.

• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.

• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios y fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

• Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.

La palabra del Ministro de Justicia y DDHH de la Nación

El ministro aseguró en un hilo de tweets en su cuenta personal que lo ocurrido constituye «la radiografía precisa de al podredumbre del lawfare». Los mensajes difundidos reflejan, desde su punto de vista, «una extraordinaria confesión de múltiples delitos», entre ellos «dádivas, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad».

Al referirse a Ercolini, Soria lo definió como «el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad» y a partir de los audios difundidos lo acusó de «incitar a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas». De esta manera, advirtió que los intercambios revelados en el grupo de Telegram demuestran que aquellos que «deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo».

Para Soria, lo más grave de todo este episodio es la constatación de «cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia».