Tras una jornada que reunió a miles de trabajadores en el Puente Pueyrredón en reclamo por el recorte, el análisis pasó para febrero.
El Gobierno decidió este viernes postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo, y adelantó que la cuota de noviembre se pagará en los próximos días.
Tras una jornada de movilizaciones que reunió miles de trabajadores en Puente Pueyrredón, el acuerdo logró que los trabajadores pusieran un alto a las medidas de acción que convocaría una marcha el miércoles próximo. La reunión en Casa Rosada se realizó entre el presidente Alberto Fernández; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y Emilio Pérsico del Movimiento Evita.
El conflicto con el sector comenzó luego de que la ministra definiera dar de baja a cientos de personas del programa Potenciar Trabajo a partir de este mes. La decisión la anunció luego de que en un informe de la AFIP se detectaron beneficiarios que poseen bienes o compraron dólares.
En cuanto a la acción legal frente al recorte, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social, después tomar declaración al titular de la AFIP y al jefe de Gabinete, en el marco de una investigación preliminar donde cuestionó que de los 253.000 planes presuntamente irregulares sólo se hayan suspendido 2.243.
Durante la reunión con los secretarios y el presidente Fernández, Tolosa Paz aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja. Sin embargo, la tensión quedó latente en función del desarrollo denuncia penal que elevó Marijuan.
Por su parte, el secretario general de la UTEP, Esteban Castro, había mantenido una posición tajante durante la convocatoria a las asambleas que se realizaron durante el mediodía de hoy. “Esta decisión de la ministra nos obliga a pelear por lo que ya teníamos conquistado. Es un problema serio de concepción, el salario social complementario es para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular ganen más o menos”, había asegurado Castro previo al encuentro en la Casa Rosada.
Desde la UTEP plantearon la exigencia de que » Exigimos que «no se bajen los salarios sociales con criterios arbitrarios y que dicho salario siga relacionado al mínimo, vital y móvil», además de que «se garantice el aguinaldo» para el sector y que se regularicen la entrega de alimentos.
Pese a la cautela que expresaron a la espera de cómo se desenvuelva la causa judicial, tanto desde la UTEP como desde el Movimiento Evita resolvieron pausar la puesta en marcha del plan de lucha que iba a iniciar el próximo miércoles.
