Bajo el nombre de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Presidente intenta restaurar la Constitución de 1853 e impulsar su «revolución liberal».
Por Denisse Cutuli
El presidente Javier Milei dijo que venía por todo, y efectivamente lo hizo, aunque no por la casta. En casi 20 días de gobierno ya firmó un mega decreto de desregulación de la economía y, ahora, envió una Ley Ómnibus al Congreso de la Nación que se propone hacer una especie de reforma de la Constitución de facto, para invocar del pasado aquella acuñada en 1853 por Juan Bautista Alberdi. Pero la cuestión que alarmó y causó críticas inmediatas a su difusión fue su tinte autoritario. Al parecer, la tan vitoreada Panic Show, tantas veces cantada por el libertario ―que en uno de sus pasajes reza “Yo soy el rey de un mundo perdido”―, se literaliza: El mandatario busca gobernar en sus primeros dos años prescindiendo del Congreso, con la posibilidad abierta a hacerlo durante todo su mandato.
Bajo el nombre de “Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Presidente busca que el Congreso apruebe su proyecto de 664 artículos que le otorga un poder casi absoluto para reformar de raíz todos los ámbitos que hacen a la vida pública y cotidiana.
El proyecto sostiene que la Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social “sin precedentes”. Tras declarar una emergencia en todos esos ámbitos, el Poder Ejecutivo le propone al Congreso que haga efectiva “la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de extenderlo por dos años más.
Es decir, de aprobarse el proyecto, Milei tendría la posibilidad de cumplir su mandato sin haber pasado una sola ley de los órdenes mencionados por el Congreso Nacional. Aún más, las normas que se dicten en el ejercicio de esa delegación de facultades serán permanentes, salvo en el caso expreso en el que se determine su carácter transitorio.
¿Qué otras cosas dispone? El segundo punto más resonante es la privatización de las 41 empresas públicas como parte de la Reforma del Estado, “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”. Por ese motivo, se busca derogar todas las formas societarias especiales con participación estatal, ya que se van a transformar en sociedades anónimas de derecho privado.
En materia económica, también se solicita que el Estado pueda tomar deuda sin solicitar permiso de las cámaras legislativas. Se revisarán subsidios en las tarifas energéticas, se aumentarán algunos tributos (como el monotributo) mientras se baja el de Bienes Personales, y se permitirá el blanqueo de capitales y la regularización de aquellos que tengan empleados no declarados sin que los infractores sufran perjuicio alguno.
En el área de Seguridad, se agravan las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, “brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad”. En cuanto a manifestaciones, se disponen penas de prisión de uno a tres años y seis meses para todo aquel que corte o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas.
Ahora bien, si se corta o entorpece la circulación creando una situación de peligro común al portar un arma propia o impropia con la que se causare daño a la integridad física de las personas, esa pena sube a entre dos y cuatro años de prisión, siempre que no sea un delito más severamente penado.
Los organizadores de las manifestaciones no solo deberán pagar los costos del operativo y una multa, sino que también pueden ser reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Mientras que si se llega a descubrir que se intimidó a alguien para que participe de una marcha o movilización para cobrar una asignación social, corresponderá una pena de prisión de entre tres a seis años. Además, las manifestaciones deberán ser comunicadas con antelación al Ministerio de Seguridad, que puede incluso oponerse a ella. El punto más llamativo es que el Gobierno pasará a entender como manifestación a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público.
Además, en materia penal, destacan como no punibles aquellos actos delictivos realizados por quien, en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Eso se amplía para quien obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente, y para aquel que causare un mal para evitar otro mayor. El problema de este punto, según opositores, es que le abre la puerta a que se pueda matar bajo el argumento de la sospecha de un hecho delictivo que puede que haya sido cierto o no.
También se vuelve no punible aquel que obrare en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, en cuyo caso se interpretará la proporcionalidad del medio empleado en favor de él, o el que obrare en virtud de la obediencia debida.
En lo que hace a la Defensa Nacional, se autorizará la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025
Respecto al medio ambiente, se sugieren cambios en la ley de quema y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente para tal fin. También se modifica la Ley de Glaciares para habilitar la actividad económica en la zona periglacial y se busca extender a 20 y 35 años las licencias de pesca a buques de cualquier bandera.
En lo que hace a lo político, se busca establecer una elección de diputados nacionales en bases a circunscripciones uninominales y eliminar las PASO. En lo que respecta al primer punto, una circunscripción uninominal se traduce en que en circunscripción electoral resulta elegido un único miembro para formar parte de la Cámara baja, por ejemplo, lo que afecta en mucho la representación de las minorías.
En materia educativa, se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria y, aunque se mantiene la gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
Otros puntos que llaman la atención son, por un lado, que se permite la reventa de entradas repetidas “sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación” (una maniobra muy cuestionada ya que habilita la estafa) y, por el otro, que no se podrá utilizar nunca más la palabra “gratuito” para promocionar alguna prestación o servicio, sino que se deberá aclarar que se trata “de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”. Igual de llamativa resultó la propuesta de que los jueces utilicen toga y martillo, y que se permita el juicio por jurados, ambas modalidades utilizadas por el Poder Judicial estadounidense.