La oposición se reordena para rechazar el veto

Distintos bloques en Diputados solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles con el objetivo de insistir con la Ley de Financiamiento Universitario.

El presidente Javier Milei movió sus fichas, ahora el turno es del Congreso: una vez comunicado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, distintos bloques de Diputados pidieron una sesión especial para el 9 de octubre a las 11 de la mañana. Así, la oposición se rearma y empieza a negociar sus estrategias para intentar rebatir el instrumento, aunque esta vez con un escenario más favorable. Necesita reunir los dos tercios para insistir con la norma, por eso será clave la posición del PRO, que ya se reunió para ver qué hace y que, esta vez, podría no acoplarse al oficialismo. Mientras aguarda, el Gobierno intentaría insistir con el arancelamiento para extranjeros.

¿Qué puede pasar el miércoles en la Cámara baja entonces? La clave, además de estar en la negociación de los votos uno a uno, está en que los dos tercios que se necesitan se calculan sobre los presentes en la sesión.  Si hay menos presentes, es más fácil alcanzar el número para voltear el veto. Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con 143 votos a favor y 77 en contra, diez menos que “los 87 héroes” del veto al aumento jubilatorio.

Por lo pronto, se sabe que los bloques Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, el Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz votarán en contra del veto. Encuentro Federal hará lo propio, aunque con dos diputados en duda, así como la mayor parte de la UCR (menos los cinco aliados del Gobierno). Se sumarán algunos votos de Innovación Federal, e incluso de algunos del PRO allegados a Horacio Rodríguez Larreta para rebatir el veto.

Mientras tanto, el Gobierno nacional insistiría con algo que ya había incluido en la Ley Bases: cobrarle un arancel a las personas extranjeras que deciden estudiar en la universidad pública. En principio, desde el oficialismo afirman que la gratuidad seguiría estando garantizada para los residentes.