Elda Marina Guaquinchay Bogado fue condenada por el delito de «omisión de denuncia de torturas». En 2004, cuatro adolescentes murieron en el incendio de una comisaría en la que estaban demorados.
Se condenó a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos a una oficial de la policía bonaerense por la “Masacre de Quilmes”. En el 2004, cuatro adolescentes murieron luego de que se incendiara la comisaría en la que estaban demorados, hecho por el cual ya fueron juzgados previamente otros 10 policías.
Elda Marina Guaquinchay Bogado es el nombre de la policía a quien se condenó por el delito de “omisión de denuncia de torturas”, y que quedará en libertad hasta que el fallo emitido por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quede firme.
Los sobrevivientes de la masacre, que es uno de los casos de violencia institucional más emblemáticos de la Argentina en los últimos 20 años, confirmaron que hubo torturas en la comisaría primera de Quilmes, aquel 20 de octubre del 2004.
En el fallo, el TOC 5 acreditó que la oficial ayudante «omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales».
El juez Farina indicó en su voto que la condenada realizó una “contribución pasiva” para “mantener reducidas a las víctimas, evitar que se las asista de manera inmediata y de esa forma neutralizar cualquier tipo de resistencia de las mismas”.
“Atento a que los apremios y tormentos padecidos por los damnificados consistieron en la aplicación injustificada por parte de los efectivos policiales, de golpes con bastones, puntapiés y golpes de puño, que los funcionarios les propinaron a los menores que estaban siendo evacuados hacia un patio abierto de la seccional», agregó el magistrado del TOC 5 quilmeño.
Farina también recordó las quemaduras que varios de los adolescentes padecieron debido al incendio y la acción violenta de la policía sobre esos cuerpos ya heridos: «varias de las víctimas de estos tormentos injustificados previamente habían sufrido graves quemaduras en sus cuerpos a raíz del incendio que se había suscitado en el calabozo nro. 1 de la seccional y que les había provocado, entre otras consecuencias, la destrucción de su epidermis en algunas partes de sus cuerpos, más quemaduras en las vías aéreas e intoxicación por inhalación del humo generado por la combustión de los colchones incendiados, sin perjuicio de lo cual y a pesar de estar en conocimiento de ellos el personal policial, continuó adelante con la golpiza descripta la que le fue propinada tanto a los menores que habían sufrido quemaduras como a los que no habían sido alcanzados por las llamas».
El tribunal señaló que «bajo la mirada de la nombrada Guaquinchay Bogado, les aplicaron (a los adolescentes) los golpes descriptos a la vez que eran insultados” y señaló que todo ello “implicó la causación de un dolor físico y moral inconmensurable” y que “dichos tormentos tuvieron como finalidad prolongar injustificadamente el sufrimiento de los menores detenidos como reprimenda al incendio que se había suscitado y a su vez obtener la confesión respecto de quién lo había iniciado».
En el inicio del juicio, que fue la semana pasada, la imputada aceptó declarar. Al momento de recordar los hechos, lloró y dijo que cuando ocurrió la “Masacre de Quilmes” estaba embarazada, tenía contracciones y que, por lo tanto, no tuvo responsabilidad.
Sin embargo, la oficial había sido señalada por investigadores como una de los policías que estaban trabajando en la dependencia cuando sucedieron los hechos; así como también su actitud de omisión frente a las torturas y las muertes de las víctimas.
Testigos de la Masacre también reconocieron a Guaquinchay Bogado como una de las oficiales presentes en el cordón policial que apaleó a las víctimas en el momento en el que estas salían de las celdas quemadas, dirigiéndose hacia las duchas. Jonathan Aguirre, testigo y sobreviviente de los hechos, afirmó recordarla en ese escenario, y dijo que no la vio hacer nada para “salvar a las víctimas” ni “impedir la situación”.
La Masacre de Quilmes sucedio el 20 de octubre del 2004. Esa noche, 17 adolescentes alojados en dos celdas de la Comisaría Primera de la localidad bonaerense fueron golpeados y torturados por un grupo de policías.
En reclamo por la violencia ejercida por las autoridades policiales, los reclusos comenzaron un incendio y motín, que tuvo como saldo la muerte de cuatro de los jóvenes ahí presentes. Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
El primer juicio por este caso se realizó en 2015. 11 oficiales de la policía fueron sentenciados a penas de entre tres y 16 años por las torturas y el incendio. Ninguno de los condenados fue preso hasta este año, cuando el TOC 3 que los declaró culpables ordenó que el inspector Pedreira (45) abandonara la prisión domiciliaria y fuera enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde permanecerá hasta octubre del 2031, cumpliendo su condena de 16 años.
Esta es la lista de quienes fueron condenados en el 2015: el excomisario Juan Pedro Socia, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
