El secretario de Derechos Humanos dijo que esperaba "condenas más duras" para los prefectos del grupo táctico Albatros responsables de la muerte del joven mapuche en 2017.
A seis años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó hoy al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa y 4 años y medio a los cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- como partícipes necesarios por el mismo delito.
El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho. Luego de más de tres meses de instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró que aguardaban "condenas más duras" para los efectivos del grupo Albatros de Prefectura. “La condena no nos deja contentos. Pero sí es importante que haya habido una condena. Ahora hay que trabajar sobre ese fallo que dice que estos prefectos llevaron adelante una arbitrariedad que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Un delito”, enfatizó.
Rafael fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 en un territorio ancestral ubicado cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cuando el grupo táctico Albatros, de Prefectura, ingresó al predio -que la comunidad reclamaba como propio-, para hacer un rastrillaje y deneter a personas que habían escapado a las montañas dos días antes, cuando la Policía Federal y Prefectura ingresaron a desalojar a la comunidad y detuvieron a varios de sus integrantes (entre las cuales había niños y mujeres).
Ese día, se generó una persecución y comenzaron los disparon contra miembros de la comunidad, uno de los cuales impactó contra Rafael.
De la audiencia participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.
“Esperábamos más años de condena porque nosotros siempre supimos que fue un asesinato y una cacería”, señaló Pietragalla Corti, tras conocerse el fallo que condenó a cinco años de prisión a los cinco prefectos implicados. En ese sentido, el funcionario recordó que “no hubo una orden de perseguir, ni de captura, sino que la única orden judicial que había era de desalojo” de unos terrenos que ocupaban integrantes de una comunidad mapuche.
La lectura del fallo se conoció pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
