Un juez de Santiago del Estero justificó su remisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es donde se habrían desarrollado los hechos denunciados.
El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari se declaró este jueves incompetente para seguir interviniendo en la causa en la que se investiga el vínculo entre Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro -ministro porteño de Seguridad en uso de licencia-, y dispuso que el caso pase a tramitar en la justicia federal porteña.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de la difusión de unas supuestas conversaciones por chat entre D’Alessandro y Robles en las que se hablaba de causas en las que finalmente la Corte Suprema de Justicia intervino con movimientos a favor de la Ciudad de Buenos Aires, como el fallo por la Coparticipación, y de la oposición nacional, en el caso del Consejo de la Magistratura.
En los tribunales federales de Comodoro Py ya existen al menos dos denuncias presentadas el día martes y ambas recayeron en el juzgado federal número 4, que conduce Ariel Lijo.
Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gastón Marano, cuyo nombre se volvió más conocido meses atrás cuando se hizo cargo de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sobre esa denuncia, CFK dijo que «impresiona el entramado mafioso», y publicó en su cuenta de Twitter, mientras advirtió una vez más que en «Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio».
Otro gobernador denunció penalmente a Robles y D’Alessandro por «tráfico de influencias»
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó este jueves una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, «por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA».
Así lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la «connivencia» entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia «quedó al descubierto» y es «inadmisible en el marco de un Estado de Derecho».
Con información de Télam.
