El veredicto del TOF 2 sumó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, pero no supone una sentencia firme.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras encontrarla culpable de los delitos administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. Además, los jueces condenaron también a seis años de prisión al empresario Lázaro Báez.
Los jueces dispusieron de un período de 40 días hábiles para dar a conocer los fundamentos de la sentencia. Una vez que sean públicos, el veredicto del juicio oral podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, por lo cual no se trata de una sentencia firme.
La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini, con la presencia en el tribunal de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
En cuanto al resto de los implicados, en el caso del exsecretario de Obras Públicas José López, la condena del TOF 2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.
Por otra parte, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado «Vialidad», actualizados al momento en que quede firme el fallo.
El origen de la causa, una denuncia del gobierno de Macri
La denuncia judicial por la que se abrió la causa fue presentada por el extitular de Vialidad Nacional durante la gestión de Macri, Javier Iguacel, por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez en 51 ocasiones. Comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, que es la misma modalidad con la que aún continúa.