Tras los sucesos ocurridos en 2019, el país limítrofe volvió a tener un episodio similar por el ingreso de las Fuerzas Armadas a la sede del Ejecutivo, esta vez frustrado por la propia sociedad civil.
La democracia de Bolivia fue nuevamente llevada al límite y casi empujada al abismo, como ocurrió en 2019, por otro intento de golpe de Estado, aunque esta vez frustrado por la propia sociedad civil que se volcó a las calles para defender el orden constitucional. Todo empezó cuando ayer apenas pasado el mediodía el presidente Luis Arce y el ex Evo Morales denunciaron en redes que se estaba gestando un intento de derrocamiento y que había movimiento irregular del Ejército alrededor de la sede del Ejecutivo. Por la tarde la advertencia se convirtió en realidad y un grupo de efectivos de la Fuerzas Armadas bolivianas logró ingresar e incluso enfrentar a Arce. Recién se retiraron por la noche.
El propio mandatario los enfrentó ordenando que retrocedan, orden a la que, en principio, hicieron caso omiso las FF.AA. El ahora ex general del Ejército Juan José Zúñiga fue quien encabezó el intento de golpe. Todo empezó con su oposición a la posibilidad de que Morales vuelva al poder en los comicios del 2025, asegurando incluso que “el brazo armado del pueblo” haría todo para impedirlo. Entre las razones esgrimidas para ese levantamiento, Zúñiga reclamaba cambios en el gabinete y la liberación de “presos políticos”, entre los que se encuentra la ex presidenta de facto interina, Jeanine Áñez.
Pero incluso Áñez se posicionó en contra de este golpe, detenida desde hace tres años en el marco de la causa “Golpe de Estado II” por los hechos suscitados en 2019 que terminaron con la renuncia del entonces presidente Morales y por la que fue condenada a 10 años de prisión. Cabe recordar que la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó visitarla en el 2022 mientras era diputada pero le negaron el acceso.
Arce desplazó a Zúñiga -quien fue detenido- y puso en su lugar a José Wilson Sánchez Velásquez, quien hasta hoy era comandante general, le tomó juramento a la nueva cúpula militar y pidió orden. La OEA, la UE, la Celac, los mandatarios de Paraguay, Uruguay, Chile, España, Brasil, entre otros, no tardaron en condenar el intento de golpe. Sin embargo, Argentina fue el último país de la región en pronunciarse, no vía Javier Milei, sino por un breve comunicado de la canciller Diana Mondino cuando el golpe ya estaba desactivándose.
“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, escribió la Ministra de Relaciones Internacionales.