El Gobierno anunció que será la primera que abrirá este nuevo proceso de privatización y/o concesión de empresas estatales que, en primera instancia, serán unas 59.
El Gobierno nacional comenzó con la primera etapa de las privatizaciones que abarcará, se estima, a unas 59 empresas. ¿Por dónde se dio el puntapié inicial? Por el Belgrano Cargas, la empresa encargada del transporte de las materias primas claves (soja, litio y cobre, por ejemplo) hacia los polos de exportación que debió volver a ser administrada por el Estado en 2013 por su fracaso durante los casi 20 años que estuvo concesionada.
Según comunicó la Oficina del Presidente, el objetivo es “eficientizar la competitividad, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado”. La empresa cuenta con 4.442 empleados y su función es administrar el transporte de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, controlando así el 37% del mercado (es la que más concentra, el resto está administrado por privados, allí radica su atractivo para los negocios).
En 2023 tuvo un déficit operativo de $65.057 millones y fue la sexta empresa con mayor déficit operativo del Estado nacional. Durante el primer semestre de este año, el número bajó a $25.141 millones. El límite de cantidad de toneladas que puede transportar se mantiene congelado desde el 2009, mientras la producción agrícola se quintuplicó. Razón que señalan como una de sus deficiencias.
En rigor, son 7.600 km de vías que serán concesionadas a privados, en 7 “porciones” distintas para evitar conductas monopólicas, pero los rieles y tierras se mantienen como propiedad del Estado nacional. La maniobra es posible porque Belgrano Cargas S.A estaba en el listado de las empresas sujetas a privatización y/o concesión de la Ley Bases aprobada por el Congreso de la Nación.
Para ello se pondrá en marcha un sistema de “Open Access”. “Alguien mantiene la ruta a cambio de un peaje o aporte estatal, pero la actividad en la ruta es libre”, explicó el ministro Sturzenegger. En 1989, el ministro de Obras y Servicios Públicos del menemismo, Roberto Dromi, dijo que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Jurista que hoy vuelve a estar involucrado en un nuevo proceso de privatizaciones estando detrás de las concesiones en los sectores de Energía y Transporte.
