El sindicato resolvió hacer la primera presentación judicial contra la nueva administración por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de traición a la Patria.
El nuevo Gobierno nacional ya recibió su primera denuncia penal tras poco más de 15 días de haber asumido. Se trata de una presentación judicial realizada por ATE, el sindicato de los trabajadores del Estado, uno de los sectores más afectados por la motosierra libertaria, del que hoy se dio a conocer que tendrá entre cinco mil y siete mil bajas. El sindicato resolvió presentar esta denuncia por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de traición a la Patria adjudicados al presidente de la Nación, Javier Milei.
“Por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. En sus dichos refiere al mega decreto de desregulación que sacó el mandatario por medio del cual deroga y modifica más de 300 leyes. Todos proyectos que deberían tratarse en el Congreso de la Nación, no solo por la magnitud cuantitativa, sino por tocar aspectos penales y tributarios que no puede modificar mediante un DNU.
La denuncia va dirigida hacia Milei, pero también hacia el resto de los funcionarios involucrados en la redacción del decreto. “La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, señaló Aguiar.
“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título”, agregó.
La decisión no fue tomada sin más, sino que se hizo un estudio pormenorizado con los asesores jurídicos del gremio y, a raíz de lo analizado, se decidió avanzar con la presentación judicial “bajo el convencimiento de que la medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales”.
La denuncia enviada a la Justicia, entonces, exige que se investigue al Presidente, como así también a todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023, por los cargos de: Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P., y Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.). Además de Aguiar, la denuncia penal estuvo también firmada por el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y por el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
