La organización captó a la niña embaraza tras reiterados abusos de su padre. El gobierno provincial presentó una denuncia penal.
El Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la organización civil católica Grávida por su intervención en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre que manifestó su voluntad de abortar, y que fue captada por esta ONG para impedírselo.
Se trata de un hecho de gravedad ya que hay una cuestión de fondo que intriga y enciende las alarmas: ¿cómo accede una ONG a los datos y la información confidencial, tal y como dispone la ILE que debe ser, un proceso respetuoso con la privacidad de la persona gestante que la solicita, de una niña que pide abortar? ¿Cómo obtiene los datos y quién o quiénes los facilitan?
De esta manera, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, se presentó un «escrito» ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) «por el caso de la niña de 12 años abusada a quien se le intentó impedir su derecho a decidir» y «a los efectos de que se inicie la investigación penal preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades«, según dice el parte de prensa que se conoció en la tarde de este lunes.
En el escrito, cuya publicación completa contiene información privada que, de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia, el Gobierno sostiene: «la actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo».
En este sentido, el escrito apunta que la organización cometió la falta de obstaculizar el acompañamiento estatal e impedir el efectivo ejercicio de los derechos de la niña.
«Será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación. Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustraen a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo, de esa manera, el ejercicio de los derechos de una niña«, termina el comunicado.
El caso se trata de una niña de 12 años que pidió abortar luego de denunciar que sufrió reiterados abusos por parte de su padre, y que permaneció desaparecida durante más de 24 horas, tras no presentarse al Hospital Iturraspe para la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras un requerimiento fiscal, confirmaron que la menor y su madre estaban en la Casa Betania de las Hermanas Siervas de Jesús Obrero, adonde se las fue a buscar con la policía y una orden judicial. Hasta allí habrían sido llevadas por la organización católica Grávida, a la cual se pide investigar.
¿Qué dice la organización?
Grávida emitió un comunicado este domingo en el que pretende «llevar a conocimiento de toda la ciudadanía santafesina que Grávida Santa Fe no posee sede ni casa propia en esta ciudad ni en otro lugar de la provincia».
Aclara que «erróneamente se informó que el inmueble situado en calle 9 de Julio 2663, Casa Betania, de las Hermanas Siervas de Jesús Obrero, era propiedad de nuestro Centro y que funcionaba como sede o casa de alojamiento de embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad».
Pero, a pesar de negar tener una propiedad, sí confirman que intervinieron en el caso que es lo que configura el motivo de la acción penal: «la mamá y la menor, que durante esta semana (por la pasada) fueron acompañadas por Grávida Santa Fe, se alojaron en ese lugar, en forma libre y voluntaria, a partir del lunes 2 de enero a las 13.30 aproximadamente, gracias a la generosa y desinteresada colaboración de las hermanas, quienes le prodigaron un lugar adecuado donde permanecer mientras la menor se realizaba los estudios complementarios prescriptos».
Aseguran allí también que los mismos «fueron indicados por el médico con quien la familia se había entrevistado para realizar consultas vinculadas con la salud de la niña quien se encontraba cursando un embarazo de 24 semanas (6 meses)».
No es el primer caso en el que las intervenciones de Grávida toman estado público. Hace cinco años, la Licenciada en Psicología María Belén Catalano, voluntaria de dicha organización, obstaculizó y se interpuso para que una niña de 11 años, con discapacidad y que había sido abusada sexualmente por su padrastro, ejerciera su derecho a realizarse un aborto no punible también en el Hospital Iturraspe. Motivo por el cual en 2017, la profesional fue sancionada por el Colegio de Psicólogos.
