Tras la prohibición de la interrupción legal del embarazo, los registros de búsquedas, conversaciones privadas y datos de farmacéuticas son usados para abrir causas legales.
En Estados Unidos, La policía está usando datos privados otorgados por Google y Facebook para rastrear delitos y enjuiciar a mujeres y personas gestantes que intentan hacerse abortos. Desde que la Corte Suprema de Justicia revirtió la legalidad del aborto en los 50 estados del país, tras cinco décadas, con el fallo de Roe v. Wade, las personas gestantes están en riesgo de que la justicia abra causas apoyándose en sus datos virtuales.
Una investigación realizada por ProPublica descubrió que las farmacias en línea que venden medicamentos para el aborto, como mifepristona y misoprostol, están compartiendo datos confidenciales, incluidas las direcciones web de los usuarios, la ubicación relativa y los datos de búsqueda, con Google y otros sitios de terceros, lo que permite recuperar los datos.
Según datos de la propia FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, según sus siglas en inglés), el 54% de los abortos en los Estados Unidos son realizados a través de medicamentos y no a través de procedimientos quirúrgicos. En especial, cuando se trata de abortos durante el primer trimestre del embarazo (que es donde ocurren la gran mayoría de las interrupciones de embarazos).
A través de los datos recopilados por las farmacias en línea, las publicaciones en las redes sociales y las solicitudes de datos de usuarios de las fuerzas del orden público para mensajes y registros de búsqueda, se pueden construir casos de enjuiciamiento contra mujeres por buscar un aborto.
El caso que despertó la alerta sobre el uso de estos datos es el de una mujer llamada Jessica Burgess y su hija, que serán juzgadas en Nebraska tras ser acusadas de realizar un aborto ilegal, con una prueba clave proporcionada por Meta, la empresa matriz de Facebook. TechCrunch informó que la compañía de redes sociales proporcionó registros de chat internos a la policía, donde había evidencias del plan para encontrar el medicamento para interrumpir un embarazo a través de la aplicación.
En un comunicado, Meta habló sobre el incidente de Nebraska y dijo que respondió a «órdenes legales válidas de la policía local» antes de la decisión de la Corte Suprema en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que anuló los derechos de aborto en todo el país y permitió prohibiciones en algunos estados.
En cuanto a Google, representantes de la empresa explicaron que la compañía tiene una política sobre los datos de usuario solicitados por el gobierno, que requiere que las fuerzas del orden «certifiquen que sus solicitudes de datos de usuario no pertenecen a ciertas investigaciones relacionadas con el aborto», como lo establece una ley de California que prohíbe órdenes de allanamiento para comunicaciones electrónicas que se basan en investigaciones de aborto. Tal como contaron al medio Insider, la empresa aplica este estándar para todas las solicitudes de aplicación de la ley estatal.
En 2022, Google anunció que eliminaría automáticamente el historial de ubicaciones de los usuarios que visitaron clínicas de aborto. Google dijo que «se opondría a las demandas que son demasiado amplias o legalmente objetables» cuando se trata de usar datos como evidencia
Sin embargo, como en el caso de Burgess y su hija, si bien la policía estadounidense no busca específicamente datos relacionados con el aborto en sus investigaciones, pueden enjuiciar estos casos como delitos.
Según estadísticas internas proporcionadas por Meta, la empresa cumple con las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios más del 70% de las veces y recibe más de 400.000 solicitudes al año.
