La dirigente social le reclamó a Alberto Fernández que «tenga la valentía de decidir mi libertad». Organismos de Derechos Humanos también piden un indulto.
La dirigente social Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas. Se encuentra en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por su situación de salud. El 15 de diciembre pasado la Corte Suprema confirmó la sentencia a 13 años de prisión. Los únicos dos caminos que quedan son: el indulto o que, con tiempo hasta junio, se acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a su Corte para que ordene un informe particular sobre su situación.
Sala sostuvo que si le preguntaban hace dos años sobre el indulto, «hubiese dicho que no (…) porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza», pero como «no se tomaron el trabajo de revisarlo y la resolución que sacaron es un acuerdo político con Morales», «hoy si me gustaría el indulto». Afirmó también, en una entrevista con el diario Página/12, que tiene el sueño de sentarse «en la Corte Interamericana y rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de que nunca robamos nada».
Pidió a Alberto Fernández que tenga la valentía de firmarlo: «Cristina le ha pedido que use la lapicera. Eso lo tiene que decidir Alberto. La decisión pasa por él más que nada. Que tenga la suficiente valentía de hacerlo y le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores«.
La dirigente de la Tupac Amaru, junto a organizaciones de derechos humanos y diversas personalidades políticas y de la cultura, denunciaron en reiteradas oportunidades que se trata de un «accionar persecutorio» por parte del Gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo Morales. Lejos de ver con optimismo su situación procesal, Sala afirma que tenerla presa es una situación que le sirve al precandidato a presidente en su campaña electoral.
Señaló más de una vez que, si en un juicio no recibe sentencia, «Morales hace lo que sea» para que después le dicten una «sí o sí», como pasó en el «Juicio de las bombachas» donde había resultado absuelta pero después le dieron dos años de prisión tras haber estado sentada «cinco días en el banquillo».
Más allá de las acusaciones en su contra, Sala asume la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas «bien» mientras estuvo al frente de la red de organizaciones sociales. «Haber podido llevar adelante numerosas obras significó crear fuentes laborales para muchos jujeños en distintas localidades de la provincia», dijo, y también señaló que las casas, colegios secundarios y centros de salud fueron construidos «con menos plata» que las que recibían las otras empresas para realizar los mismos trabajos.
Posibilidades del indulto
Durante la última semana de diciembre, los organismos de derechos humanos tuvieron una reunión con el Presidente en Casa Rosada, en la que el mandatario le pidió a los abogados del grupo que le presenten ideas acerca del modo en que podría intervenir él en el asunto.
El argumento que utiliza el ejecutivo para no decretar un indulto es que se trata de una cuestión provincial, donde no puede incidir, sino que el único que tiene potestad para hacerlo es Gerardo Morales, lo que es prácticamente imposible que ocurra.
Sobre los argumentos del sistema internacional de protección de derechos humanos que podrían abrir la posibilidad de revisar esa posición, la Rosada considera que «es cierto» que existe esa chance, pero que «para eso tendría que existir un informe que verifique que fueron violados los derechos de Milagro y ordene la reparación urgente del Estado nación».
En ese sentido, barajan como alternativa que, habiendo agotado las instancias de jurisdicción interna, con el fallo que la Corte emitió en diciembre, hay seis meses para acudir a la CIDH e iniciar un proceso contra el Estado argentino para que la condena sea anulada.
El grupo de abogados que trabajaron en la propuesta, argumentarían a Fernández, entre otras cosas, que el sistema internacional de derechos humanos, y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica (la Convención Interamericana de DDHH), establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un estado provincial obligan al Estado nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes.
«Los tratados tienen rango constitucional», aclaran y además resaltan que se trata de «un problema humanitario gravísimo» que necesita la intervención política del Presidente porque la salud de Milagro Sala se ha complicado en el último tiempo. «Hay que hacer una interpretación en favor del menos favorecido y de la persona que está sufriendo», expresó una integrante de los organismos de derechos humanos.
Cronología de los hechos
El hecho inicial por el que fue detenida Milagro Sala ocurrió el 16 de enero del 2016 cuando tuvo lugar un reclamo en la plaza central de Jujuy, ocupada por más de 20 organizaciones sociales, para exigir respuestas Morales sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Sala fue detenida por «instigación a cometer ilícitos y tumultos», hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.
La prisión significó un devenir de causas judiciales que se instruyeron a nivel local: algunas llegaron a juicio oral, donde fue condenada; algunas están pendientes de resolución y en otras fue sobreseída.
Además de la causa por el acampe, se debatirá en un juicio oral el expediente conocido como «Megacausa», en el que también están involucrados exfuncionarios, que incluyen al exgobernador Eduardo Fellner y varios exjefes comunales por fraude en la construcción de viviendas.
Se agrega también que la Justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador, en la que Sala está acusada de ser nuevamente la instigadora.
En diciembre pasado se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo firme su condena a 13 años de prisión por asociación ilícita en la causa «Pibes Villeros», que según afirmó estuvo «plagada de irregularidades».
